CIUDAD DE MÉXICO.— Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó que la concentración de contratos de materiales electorales en empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas sea considerada por sí misma una prueba de corrupción, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 18 de noviembre, en la que también participó junto con otros exdirigentes del organismo para exigir a la Cámara de Diputados que designe cuanto antes a la nueva presidenta del instituto.
La postura de Córdova se produjo en medio de los señalamientos sobre contratos por alrededor de 2 mil 700 millones de pesos relacionados con proveedores de materiales electorales y las presuntas irregularidades en las contrataciones durante distintas administraciones del organismo.
El exconsejero sostuvo que la existencia de un mercado oligopólico, en el que pocas empresas concentran la oferta de determinados productos, no demuestra automáticamente que hayan ocurrido actos ilícitos. Con ese argumento, cuestionó que la concentración de proveedores se interprete directamente como evidencia de corrupción.
Córdova defiende las contrataciones de su gestión
Ante los cuestionamientos sobre los contratos asignados durante su periodo al frente del INE, Córdova aseguró que las adquisiciones realizadas durante su administración estuvieron sujetas a auditorías y manifestó su disposición a que sean revisadas nuevamente.
Sin embargo, también consideró necesario esclarecer las posibles irregularidades y los conflictos de interés relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo en medio de los señalamientos sobre presuntas anomalías en las contrataciones.
La discusión tiene como antecedente las investigaciones sobre empresas relacionadas con los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, quienes han obtenido contratos de organismos electorales durante varios años. Las autoridades federales han señalado posibles vínculos empresariales y mecanismos de contratación que deben ser investigados para determinar si existieron irregularidades.
En este escenario, Lorenzo Córdova minimiza la interpretación de que la concentración de contratos constituye por sí sola una prueba de corrupción, aunque reconoce la necesidad de esclarecer las acusaciones que involucran al organismo electoral.
Expresidentes advierten crisis de confianza en el INE
La conferencia también reunió a José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, quienes coincidieron en que el INE enfrenta un problema de credibilidad que debe atenderse antes de las elecciones de 2027.
Woldenberg advirtió que la pérdida de confianza representa un problema para la autoridad electoral, debido a que la legitimidad de los comicios depende también de que la ciudadanía tenga certeza sobre la imparcialidad y el funcionamiento de la institución.
Por su parte, Ugalde cuestionó la prolongación de la presidencia provisional y advirtió que mantener esa situación únicamente extendería el deterioro institucional.
El exconsejero consideró que el organismo todavía puede recuperar la confianza pública, pero señaló que necesita una nueva titular con experiencia, liderazgo y reconocimiento entre las distintas fuerzas políticas.
Piden nombramiento por consenso rumbo a 2027
Los cuatro expresidentes plantearon que la Cámara de Diputados acelere el procedimiento para designar a la próxima presidenta del INE mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.
También propusieron revisar la integración del Consejo General, con el propósito de recuperar la colegialidad en las decisiones y evitar que los nombramientos sean percibidos como resultado de intereses partidistas.
La renovación de la presidencia y del Consejo General cobra relevancia ante la cercanía del proceso electoral de 2027, cuando el instituto deberá organizar los comicios federales y coordinar las actividades de las autoridades electorales locales.
Mientras Lorenzo Córdova defendió los procedimientos de contratación de su administración y cuestionó que la concentración de proveedores sea equiparada automáticamente con corrupción, los otros exdirigentes centraron sus intervenciones en la necesidad de reconstruir la confianza en el organismo.
La decisión sobre la nueva presidencia corresponde a la Cámara de Diputados, que deberá conducir el procedimiento de designación en medio de los cuestionamientos sobre la actuación de anteriores integrantes de la autoridad electoral.

