Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la posibilidad de definir el futuro de Aguakán en cuatro municipios de Quintana Roo, luego de que el máximo tribunal incluyera en su agenda dos asuntos relacionados con la controversia por la ampliación de la concesión del servicio de agua potable, autorizada en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.
El litigio busca determinar si la empresa puede conservar el contrato que le permite operar hasta el 31 de diciembre de 2053 o si debe prevalecer la decisión del Congreso estatal de cancelar la extensión y dar por terminada la concesión original.

La ampliación fue aprobada el 11 de noviembre de 2014 por la XIV Legislatura de Quintana Roo, durante la administración de Roberto Borge y cuando Mauricio Góngora Escalante era presidente municipal de Solidaridad. Con esa modificación, el contrato se extendió en Benito Juárez e Isla Mujeres y se incorporó a Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, al esquema de operación de Aguakán.
La decisión comprometió por varias décadas la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Nueve años después, en diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el decreto 195 para dejar sin efectos la ampliación. Los legisladores determinaron que la concesión original había llegado a su vencimiento el 31 de diciembre de ese mismo año.
Aguakán respondió con el juicio de amparo 1323/2023, en el que argumentó que la decisión legislativa afectaba sus derechos como concesionaria. En enero de 2024 consiguió una suspensión definitiva que le permitió continuar prestando el servicio mientras avanzaba la controversia judicial.
El primer revés importante para la compañía llegó en abril de 2025, cuando el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, le negó la protección federal que había solicitado contra la cancelación de la ampliación contractual.
La empresa impugnó esa resolución, por lo que el expediente continuó su curso ante instancias judiciales superiores.
Ahora, la SCJN incluyó en su lista oficial del 17 de noviembre dos asuntos vinculados con este conflicto: la facultad de atracción 229/2026 y la reasunción de competencia 67/2025, relacionados con recursos que se encuentran en trámite ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
La inclusión de ambos expedientes abre la posibilidad de que los ministros intervengan en el análisis del caso. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una constancia oficial posterior que permita confirmar que la Corte aprobó asumir su conocimiento durante esa sesión.
Una eventual resolución de fondo tendría consecuencias directas sobre la permanencia de Aguakán en los cuatro municipios. El escenario enfrenta dos posiciones: mantener la ampliación que extiende la concesión hasta 2053 o respaldar la determinación del Congreso de Quintana Roo de dejarla sin efecto.
El conflicto también alcanza el costo y la calidad del servicio
La disputa no se limita a la interpretación legal del contrato. También involucra el desempeño de la empresa y las condiciones en que reciben el servicio los habitantes de la zona norte de Quintana Roo.
En enero de 2026, el gobierno federal informó que analizaba alternativas para recuperar la concesión, entre ellas una posible compra. En ese contexto se mencionaron pretensiones económicas cercanas a los 12 mil millones de pesos, cantidad que las autoridades consideraron excesiva.
En Playa del Carmen, las inconformidades también se relacionan con el suministro de agua y la infraestructura. El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya ha señalado presuntos incumplimientos contractuales y rezagos en las instalaciones, mientras habitantes de distintas colonias reportan interrupciones recurrentes del servicio.
Aunque el procedimiento judicial podría prolongarse hasta el primer semestre de 2027, todavía no existe una fecha definitiva para resolver el fondo de la controversia.
El desenlace definirá quién tendrá el control de un servicio público esencial en cuatro municipios turísticos de Quintana Roo y si una ampliación contractual aprobada durante el gobierno de Roberto Borge podrá mantenerse vigente por casi cuatro décadas más.

