El Senado aprobó el 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que impulsa el uso de tarjetas, transferencias y códigos QR en México y faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar en qué sectores podrán convertirse en el único medio de pago. La reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación, en medio de críticas por sus posibles efectos sobre comerciantes y consumidores.
Hacienda definirá dónde se limitará el efectivo
La legislación no elimina de manera inmediata el dinero en efectivo en todo el país. Sin embargo, establece que Hacienda tendrá 15 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes donde podrán aplicarse pagos exclusivamente digitales.
Después de esa determinación, las autoridades competentes dispondrán de otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos de transición.
La votación en lo general registró 73 votos a favor y 34 en contra. El senador de Morena Ricardo Sheffield también rechazó la propuesta y cuestionó que un funcionario designado pueda decidir sobre la exclusividad de estos medios de pago.
Morena defiende la inclusión financiera
Los promotores de la ley sostuvieron que la digitalización facilitará las transacciones, reducirá trámites y ampliará las opciones de cobro para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El senador Emmanuel Reyes señaló que México cuenta con herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y Dimo, aunque su uso todavía no llega por igual a todos los sectores. La iniciativa también contempla vincular los pagos digitales con instrumentos de gobierno electrónico, como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano.
Oposición advierte costos y problemas de conectividad
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron las facultades otorgadas a Hacienda y advirtieron que la obligatoriedad podría generar gastos adicionales para los negocios, además de dificultades para las personas sin acceso a servicios bancarios o internet.
El panista José Máximo García y el emecista Néstor Camarillo señalaron las limitaciones de conectividad en comunidades rurales. Por su parte, la priista Claudia Anaya cuestionó la compatibilidad de la reforma con la Ley Monetaria y la falta de claridad sobre los periodos de transición.
La legislación prevé una excepción: cuando una contingencia técnica o de conectividad impida recibir pagos electrónicos, podrá utilizarse temporalmente efectivo o cheque. La aplicación de las nuevas reglas dependerá de la entrada en vigor del decreto y de las disposiciones que emitan las autoridades.
