Ciudad de México, 21 de octubre de 2026. El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que México reportó la localización de más de 16 mil personas desaparecidas durante 2026, en medio de la controversia por la solicitud del organismo para que la situación del país sea examinada por la Asamblea General.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, consideró que la decisión de llevar el caso mexicano a la atención internacional ya produjo un primer resultado. De acuerdo con cifras presentadas por el Estado mexicano, el registro nacional supera las 130 mil personas desaparecidas.
Albán pidió mantener la cooperación con países como España y Alemania, así como con organismos internacionales y el propio Comité. También señaló que el CDF continuará monitoreando la situación, solicitando información y registrando acciones urgentes relacionadas con casos de desaparición.
México rechaza la interpretación del Comité
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró ante la ONU el rechazo del Gobierno mexicano a la interpretación del Comité sobre el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El funcionario sostuvo que México mantiene una política de diálogo y cooperación internacional, y defendió la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como parte de los esfuerzos para localizar a quienes siguen sin ser encontrados.
Medina también destacó la colaboración con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, además del trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Población de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Comité advierte indicios de crímenes de lesa humanidad
Albán explicó que la evaluación del CDF tomó en cuenta información del Estado mexicano, testimonios y aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes reunidos desde 2012. El Comité concluyó que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esa práctica.
Sin embargo, precisó que la decisión de recurrir al artículo 34 no determina por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano. También señaló que el Comité no encontró indicios fundados de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas mediante una acción deliberada de las autoridades o su omisión.
El procedimiento busca movilizar la cooperación internacional ante situaciones graves. Corresponde ahora a la Asamblea General valorar posibles mecanismos de apoyo para la búsqueda, la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la atención de la crisis forense y la protección de las víctimas y sus familias.
Fuente: La Jornada
