La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso de la captura de Ismael El Mayo Zambada García tras la aparición de nuevos elementos que apuntan a una posible participación directa del FBI en el operativo realizado en julio de 2024. La investigación también pone bajo la lupa las declaraciones emitidas por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que, de confirmarse la información recientemente difundida sobre la intervención del FBI, se habrían cometido violaciones al derecho mexicano e internacional. La funcionaria sostuvo que el caso abre un nuevo frente en la relación bilateral al cuestionar la legalidad del traslado del histórico líder del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.
La versión oficial vuelve a quedar en duda
Godoy recordó que el 9 de agosto de 2024 Ken Salazar aseguró públicamente que el gobierno de Estados Unidos no participó en la captura de Zambada y que todo había sido resultado de una operación entre grupos criminales, sin intervención de agentes, pilotos o aeronaves estadounidenses.
Sin embargo, la reciente información que atribuye al FBI la planeación y ejecución del operativo cambió el rumbo de las investigaciones. Por ello, la FGR solicitó formalmente información al gobierno estadounidense mediante los mecanismos de asistencia jurídica previstos en el tratado bilateral vigente.
FGR acusa información falsa e imprecisa
La fiscal señaló que las autoridades estadounidenses han entregado en diversas ocasiones información falsa o incompleta, especialmente sobre la identidad del piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos y otros datos considerados esenciales para la investigación mexicana.
Las nuevas diligencias también buscan esclarecer hechos relacionados con el homicidio de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el mismo día de la captura de El Mayo Zambada. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una nueva postura oficial sobre los señalamientos formulados por la FGR.
Fuente: La Jornada
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