Por Eduardo De Luna
Una investigación internacional publicada originalmente por el diario israelí Haaretz, considerado uno de los medios más influyentes y de mayor prestigio editorial en Medio Oriente por sus trabajos de investigación y análisis político, volvió a colocar bajo escrutinio el flujo internacional de armas que terminan en manos de organizaciones criminales en México.
El reportaje, difundido en 2020 como parte del proyecto global The Cartel Project, reveló que Israel exportó más de 24 mil armas y rifles a México entre 2006 y 2018, parte de las cuales terminaron vinculadas posteriormente con grupos del narcotráfico y escenas de violencia relacionadas con organizaciones criminales mexicanas.
La investigación fue coordinada por la organización Forbidden Stories junto con periodistas de distintos países, y abordó no solamente el tráfico de armas, sino también redes de corrupción, espionaje digital y asesinatos de periodistas en México.
De acuerdo con el trabajo publicado por Haaretz, las armas fueron vendidas legalmente a instituciones mexicanas, principalmente corporaciones policiales y fuerzas armadas; sin embargo, una parte del armamento terminó desviada, robada, revendida o capturada por organizaciones criminales debido a la falta de supervisión efectiva sobre su destino final.
El tema volvió recientemente a la conversación internacional debido a nuevos reportes y análisis de seguridad que muestran cómo el tráfico de armas hacia México no solo continúa, sino que se ha sofisticado y militarizado en los últimos años.
Aunque la investigación original puso atención sobre exportaciones israelíes, informes recientes de autoridades mexicanas y estadounidenses señalan que la mayor parte del armamento decomisado actualmente a grupos criminales proviene de Estados Unidos, particularmente de estados fronterizos como Texas y Arizona.
Las investigaciones más recientes documentan que las organizaciones criminales ya no operan únicamente con rifles de asalto convencionales, sino con armamento de capacidades mucho más avanzadas, incluyendo rifles Barrett calibre .50, drones modificados para lanzar explosivos, inhibidores de señal, lanzagranadas y vehículos blindados artesanales.
Especialistas en seguridad han comenzado incluso a describir a agrupaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y algunas facciones del Cártel de Sinaloa como estructuras con características semiparamilitares debido a su capacidad táctica, nivel de armamento y métodos de operación.
A partir de las revelaciones internacionales, Estados Unidos y México intensificaron programas bilaterales de rastreo de armas mediante plataformas de inteligencia y sistemas de identificación balística para intentar frenar el flujo ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
En paralelo, autoridades estadounidenses iniciaron procesos judiciales contra traficantes dedicados específicamente a comprar armas para organizaciones criminales mexicanas, incluyendo casos relacionados con el CJNG y redes de abastecimiento en la frontera norte.
Otro de los puntos que tomó fuerza tras la publicación de The Cartel Project fue el escándalo internacional por el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, utilizado presuntamente para espiar periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México.
Las revelaciones derivaron en investigaciones internacionales y en cuestionamientos sobre el uso de herramientas de vigilancia digital por parte de distintos gobiernos.
Analistas internacionales consideran que el caso expuesto originalmente por Haaretz evidenció cómo el problema de la violencia en México ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno local ligado al narcotráfico, sino como parte de redes transnacionales de tráfico de armas, espionaje, financiamiento ilícito y crimen organizado global.
La discusión también abrió un debate sobre la responsabilidad de países exportadores de armamento y sobre la supervisión de los llamados certificados de usuario final, mecanismos que deberían garantizar que las armas permanezcan únicamente en manos autorizadas.
A más de cinco años de aquella publicación, las investigaciones continúan alimentando cuestionamientos sobre el alcance internacional de las redes criminales mexicanas y sobre la capacidad de los gobiernos para contener el flujo de armas de alto poder que alimenta la violencia en distintas regiones del país.
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