La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó presuntas irregularidades por más de 86 millones de pesos en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2024. Las observaciones incluyen pagos sin documentación comprobatoria, servicios no acreditados y recursos cuyo destino no fue justificado.
En su tercera entrega de informes individuales, la ASF detalló que en el caso del INE detectó inconsistencias en cuatro partidas presupuestales de los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a materiales y suministros, así como servicios generales.
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Entre los hallazgos, el órgano fiscalizador señaló que el INE reportó como recibidos en 2024 materiales impresos —boletas, materiales didácticos y de simulacro— por 793.9 millones de pesos, relacionados con el Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025. Sin embargo, la auditoría determinó que dichos insumos fueron producidos y entregados en 2025.
Además, identificó pagos por 63.2 millones de pesos por impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para el Proceso Electoral 2023-2024, sin contar con la totalidad de la documentación que acreditara la prestación del servicio ni con evidencia suficiente sobre cómo el proveedor realizó el trabajo.
La ASF también detectó falta de comprobación sobre la recepción, uso y destino de un millón 197 mil 579 materiales didácticos vinculados al proceso judicial extraordinario, con un valor de un millón de pesos. A ello se suman 2.2 millones de pesos pagados por el uso de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados. En total, el INE debe aclarar 66 millones 563 mil pesos.
En el TEPJF, la Auditoría revisó 153.9 millones de pesos de un total de 506.7 millones asignados en los capítulos 2000 y 3000. De esa muestra, determinó que 12.1 millones presentan inconsistencias. Entre ellas, pagos por 2.4 millones sin reportes de servicio validados; 5.2 millones por servicios de limpieza sin documentación comprobatoria; 908 mil pesos por fletes sin respaldo, y 3.6 millones por impresión, encuadernación y cursos sin acreditación suficiente.
Respecto al INAI —organismo que desapareció tras la reforma constitucional en materia de transparencia aprobada en 2025—, la ASF estimó posibles daños al erario por 7.3 millones de pesos. Las observaciones incluyen pagos por 2.9 millones sin documentación completa sobre comisiones nacionales e internacionales; 4.2 millones por servicios de limpieza sin respaldo total; así como erogaciones por equipos informáticos y mantenimiento sin evidencia de recepción.
También detectó que el instituto contrajo compromisos presupuestales sin autorización para contratación plurianual y no verificó requisitos en servicios de seguridad. En materia tecnológica, señaló deficiencias en controles de ciberseguridad y monitoreo de sistemas.
Las observaciones forman parte del proceso ordinario de fiscalización. Las dependencias señaladas deberán solventar o aclarar los montos observados conforme a los plazos establecidos por la ASF. En caso de no hacerlo, el órgano fiscalizador puede promover responsabilidades administrativas o denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La revisión de la Cuenta Pública 2024 ocurre en un contexto de escrutinio sobre el uso de recursos en organismos constitucionales autónomos, varios de los cuales enfrentaron recortes presupuestales y reformas estructurales en los últimos años.
Fuente: La Jornada
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