Playa del Carmen libera accesos públicos a la zona costera tras denuncias de la ciudadanía
El Gobierno Municipal de Playa del Carmen realizó un operativo de inspección en la franja costera para retirar bloqueos ilegales y asegurar el libre tránsito hacia las playas públicas. La intervención fue ejecutada por la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) tras la recepción de denuncias ciudadanas que alertaban sobre restricciones no autorizadas en distintos puntos del litoral. La administración local confirmó que mantendrá la supervisión permanente en la zona para sancionar a quienes impidan el paso de residentes y turistas.
Las inspecciones se concentraron en verificar que los concesionarios y particulares cumplan con la normativa federal que prohíbe la privatización de los accesos al mar. Personal operativo fiscalizó los senderos y pasajes colindantes con desarrollos hoteleros y residenciales donde se reportaron obstáculos físicos. Durante los recorridos, las autoridades procedieron a notificar a los responsables sobre las infracciones detectadas y restablecieron la circulación peatonal en los tramos afectados.
Normativa federal sobre el libre tránsito costero
La legislación mexicana establece en la Ley General de Bienes Nacionales que las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre son bienes de uso común. El ordenamiento legal prohíbe expresamente restringir el acceso a estas zonas y prevé sanciones administrativas, de cancelación de concesiones e multas económicas para quienes instalen cercas, barreras o retenes sin autorización. La vigilancia en Playa del Carmen busca frenar la recurrencia de estas prácticas por parte de comercios y desarrollos privados.
El operativo responde a una problemática recurrente en el municipio de Solidaridad, donde el crecimiento urbano y turístico ha provocado tensiones entre particulares y la población local por el uso del espacio público. Las autoridades municipales informaron que las acciones de supervisión continuarán de forma continua en coordinación con dependencias ambientales para auditar los delimitantes de cada concesión otorgada en la costa.
