Tres años después de la clausura de sus operaciones por causar daños ambientales, omisión judicial pone en riesgo el caso contra Calica.
Tres años después de la clausura de sus operaciones por causar graves daños ambientales en la costa de Quintana Roo, la empresa Calica —filial de la estadounidense Vulcan Materials Company— ha desplegado una nueva estrategia jurídica que amenaza con reactivar la explotación de piedra caliza en la región por más de dos décadas adicionales.
En enero pasado, Calica interpuso un amparo para extender 22 años sus actividades de extracción en el polígono que comprende el puerto de Punta Venado y los predios La Rosita, La Adelita y El Corchalito. Sin embargo, una omisión del juez federal Martín Adolfo Santos Pérez, encargado del caso, ha encendido las alarmas: según revelaron fuentes cercanas a La Jornada, el juez no notificó de la existencia del juicio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que impidió a la dependencia ejercer su derecho a impugnar la prórroga solicitada por la minera.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Santos Pérez sí informó del proceso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no a la autoridad competente en materia de concesiones y permisos ambientales, lo que representa una irregularidad procesal con consecuencias sustantivas. La demanda, que data de 2023, derivó de un juicio de nulidad mediante el cual el juez sólo habría autorizado a Calica realizar labores de restauración parcial en los terrenos explotados, sin permitir la extracción adicional de material pétreo.
No obstante, Semarnat impugnó la resolución alegando que nunca fue notificada formalmente y que la restauración autorizada por el juez omite mencionar la sobreexplotación previa, que implicaba el doble del volumen permitido. Según las mismas fuentes, este amparo podría resolverse este viernes en el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado, una decisión que definirá si la empresa queda exenta de cumplir con su obligación de actualizar y ejecutar un Programa de Restauración Ambiental que compense el deterioro causado.
De salir favorecida, Calica podría legalmente evadir las labores de restauración pendientes, lo que equivaldría —en términos legales— a dar por cumplido un programa que nunca ejecutó plenamente.
Desde hace más de dos décadas, Calica enfrenta acusaciones por falsear información en sus autoevaluaciones ambientales, alegando que contaba con permisos forestales vigentes y que restauraba una tercera parte de lo que extraía; ambas afirmaciones fueron probadas como falsas. Entre 2018 y 2024, las autoridades ambientales clausuraron sus predios tras documentar que la empresa expuso el acuífero de la región en una superficie significativamente mayor a la autorizada, deforestó más de mil hectáreas y extrajo material pétreo a un ritmo que duplicaba lo permitido en sus concesiones.
Como parte de su ofensiva jurídica, Calica ha interpuesto más de 50 juicios de amparo y nulidad, generando más de 200 expedientes que han sido combatidos por las autoridades mexicanas con recursos de queja, revisión e incidentes.
Actualmente, las tierras de Calica se encuentran bajo la restricción de la declaratoria de Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, establecida mediante un decreto presidencial firmado en septiembre de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho decreto prohíbe expresamente la explotación de calizas en esa zona, protegiendo un ecosistema que incluye selva, humedales y una red de cenotes interconectados.
El fallo del tribunal colegiado, previsto para este viernes, será crucial no sólo para definir la responsabilidad ambiental de Calica sino también para marcar un precedente en la protección de los ecosistemas de la Riviera Maya frente a intereses extractivistas que, a pesar de las clausuras y las restricciones, no cesan en sus intentos de reactivar operaciones en un área ecológicamente sensible.
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