Contraloría busca llevar al Tribunal casos derivados de observaciones a la gestión de Lili Campos
Playa del Carmen, Quintana Roo, 8 de junio de 2026.- La administración municipal de Playa del Carmen agotó el mecanismo de notificación por edictos para citar a comparecer a la ex presidenta municipal Lili Campos Miranda, al extesorero Pedro Escobedo Vázquez y a otros exfuncionarios de la administración 2021-2024 involucrados en expedientes derivados de observaciones a la Cuenta Pública 2023.
La titular del Órgano Interno de Control (OIC), Cristina Alcérreca Manzanero, confirmó que la autoridad municipal no logró concretar las notificaciones personales pese a contar con domicilios obtenidos durante las investigaciones, situación que obligó a recurrir al procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La comparecencia fue fijada para el próximo 29 de junio y representa un paso clave dentro de procedimientos que se originaron tras observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado sobre el manejo de recursos públicos durante el último año completo de la pasada administración.
De acuerdo con la contralora, los expedientes ya concluyeron la fase de investigación y actualmente se encuentran en sustanciación, etapa previa a su posible remisión al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado.
“Lo que en su caso corresponde es turnarlos al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado”, señaló.
El avance de estos procedimientos ocurre mientras continúan abiertas diversas investigaciones relacionadas con el ejercicio de recursos públicos durante el gobierno encabezado por Lili Campos. La propia Auditoría Superior del Estado detectó observaciones que derivaron en expedientes de responsabilidades administrativas y que actualmente son atendidos por el Órgano Interno de Control municipal.
La publicación de los edictos también exhibe las dificultades que ha enfrentado la autoridad para localizar a exservidores públicos señalados dentro de los procedimientos. Aunque la legislación exige privilegiar la notificación personal para garantizar el derecho de audiencia, el Ayuntamiento sostiene que agotó esa vía antes de recurrir a la publicación oficial.
Alcérreca Manzanero subrayó que estos procedimientos no corresponden a investigaciones penales ni implican acusaciones por delitos, sino a posibles faltas administrativas derivadas de observaciones formuladas durante los procesos de fiscalización.
Sin embargo, una eventual resolución del Tribunal Anticorrupción podría derivar en sanciones que van desde inhabilitaciones hasta responsabilidades económicas, dependiendo de la gravedad de las conductas que lleguen a acreditarse durante el proceso.
La funcionaria también se refirió al caso de la extesorera Kira Iris San, quien ha promovido diversos recursos legales para combatir los procedimientos iniciados en su contra.
Según explicó, algunos amparos han sido admitidos y otros rechazados, pero ninguno ha significado el cierre de las investigaciones administrativas que permanecen abiertas.
“Todavía no existen actos definitivos. Nos encontramos en esta etapa de sustanciación”, indicó.
La comparecencia del 29 de junio podría convertirse en un punto de inflexión para una serie de expedientes que se han mantenido bajo integración desde que las observaciones fueron remitidas por la Auditoría Superior del Estado. De no presentarse los exfuncionarios citados, el Órgano Interno de Control estaría en condiciones de concluir esta etapa procesal y avanzar hacia la remisión de los casos al Tribunal Anticorrupción.
Con ello, las observaciones realizadas sobre el manejo de recursos públicos durante la administración anterior entrarían a una fase en la que ya no sólo se analizarían irregularidades detectadas por los órganos fiscalizadores, sino posibles responsabilidades administrativas de quienes tuvieron a su cargo la toma de decisiones y el ejercicio del gasto público.
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