Por Eduardo De Luna
En América vuelve a instalarse una vieja forma de poder que muchos creían sepultada bajo el peso de las democracias contemporáneas: el bonapartismo. No aparece ya vestido con uniforme militar ni acompañado de golpes de Estado clásicos, sino legitimado por elecciones, redes sociales y una narrativa de redención nacional. Su fuerza reside en que se presenta como solución inmediata frente al agotamiento institucional, pero su lógica profunda consiste en otra cosa: debilitar deliberadamente las mediaciones democráticas para concentrar en una sola figura la representación absoluta del orden político.
Karl Marx definió en El 18 Brumario de Luis Bonaparte un fenómeno donde un dirigente surge cuando las clases políticas tradicionales pierden capacidad de conducción y el poder necesita un árbitro que se coloque por encima de todos. Ese árbitro promete estabilidad, pero en realidad sustituye el conflicto democrático por obediencia plebiscitaria. Lo inquietante es que esa fórmula reaparece hoy con enorme eficacia en tres figuras distintas: Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump.
La primera trampa del nuevo bonapartismo es estética: parece modernidad política, pero muchas veces es regresión institucional. Se vende como eficiencia, pero frecuentemente descansa en la reducción del pluralismo. Se presenta como valentía frente a las viejas élites, pero termina generando nuevas formas de subordinación política.
En El Salvador, Bukele ha logrado algo que muchos gobiernos latinoamericanos no consiguieron: construir una legitimidad abrumadora alrededor de la seguridad pública. Sin embargo, esa eficacia tiene un costo político severo. El régimen de excepción prolongado ha convertido la excepcionalidad jurídica en normalidad gubernamental. Miles de detenciones sin debido proceso, debilitamiento del control judicial y subordinación institucional revelan una lógica donde el éxito estadístico en homicidios funciona como justificación para reducir garantías elementales.
La crítica de fondo no es negar la crisis previa salvadoreña, sino advertir que cuando un gobierno convierte el aplauso popular en licencia permanente para alterar el equilibrio institucional, deja de gobernar desde la ley para gobernar desde la excepción. El peligro del bonapartismo bukelista es que acostumbra a la sociedad a pensar que el derecho puede suspenderse siempre que haya resultados inmediatos.
En Argentina, Milei ofrece otra variante: el bonapartismo económico. Su discurso se presenta como demolición heroica de una casta política corrupta, pero muchas veces transforma la complejidad social en caricatura moral. La motosierra no solo corta gasto público; corta también matices, mediaciones y capacidad deliberativa.
El problema central no es su radicalismo económico en sí, sino el modo en que el conflicto institucional se vuelve método permanente de gobierno. El Congreso aparece tratado como obstáculo, las provincias como resistencia sospechosa, los sindicatos como enemigos estructurales y cualquier crítica como parte de una conspiración defensiva del viejo orden. Allí emerge el rasgo bonapartista: el líder se presenta como única racionalidad posible frente a una sociedad que, según su relato, estaría contaminada por décadas de error colectivo.
Pero ningún bonapartismo resuelve realmente las contradicciones que promete superar: solo las desplaza hacia una dependencia creciente del liderazgo personal. Cuando el proyecto necesita cada día más confrontación para sostener legitimidad, demuestra precisamente su fragilidad estructural.
En Estados Unidos, Trump anticipó este fenómeno con una crudeza singular. Su liderazgo rompió la lógica tradicional del presidencialismo estadounidense al convertir la verdad política en fidelidad personal. El dato verificable dejó de importar frente a la adhesión emocional.
La crítica más fuerte al trumpismo es que instaló la sospecha permanente sobre las propias reglas del sistema cuando estas dejaban de favorecerlo. Allí el bonapartismo alcanza una forma extrema: el líder no solo interpela al pueblo, sino que se presenta como superior a las instituciones que lo hicieron posible.
En los tres casos existe un patrón común: la democracia deja de entenderse como equilibrio conflictivo y pasa a interpretarse como autorización moral para concentrar poder. La mayoría electoral es leída como permiso para erosionar contrapesos.
Aquí aparece una paradoja decisiva: los bonapartistas modernos dicen combatir élites, pero terminan construyendo nuevas élites aún menos controlables porque descansan en la personalización absoluta del mando. Dicen hablar en nombre del pueblo, pero reducen al pueblo a audiencia. Dicen destruir privilegios, pero concentran legitimidad en una sola voz.
Antonio Gramsci advertía que en tiempos de crisis orgánica pueden surgir figuras cesaristas capaces de reorganizar el poder cuando nadie logra hegemonía suficiente. El problema es que esas salidas rara vez fortalecen ciudadanía: suelen fortalecer obediencia.
El nuevo bonapartismo americano tiene además una ventaja que no tuvo el clásico: gobierna desde algoritmos. La red social reemplaza parcialmente al partido, el mensaje instantáneo sustituye al debate y la polarización permanente impide cualquier espacio de deliberación serena.
Su fuerza radica en producir sensación de decisión absoluta; su debilidad, en que depende demasiado de la figura que encarna esa promesa.
Por eso el verdadero problema no son solo Bukele, Milei o Trump como individuos. El problema es una época que premia soluciones simples frente a crisis complejas, y que a veces confunde autoridad con demolición institucional.
El bonapartismo contemporáneo no llega como ruptura visible de la democracia: llega como aplauso masivo a su desgaste, situación que debe señalarse recurrentemente.
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