Rubén Rocha Moya, aseguró ayer que desde el pasado primero de mayo, cuando solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa, ha permanecido en su domicilio, ubicado en la ciudad de Culiacán.
En un texto publicado en sus redes sociales, señala que no lo protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. “He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal. Las acusaciones que me formula una oficina del gobierno de Estados Unidos (sobre presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa) son falsas”.
Rocha Moya recordó que suman 69 días de que se separó de sus funciones, lapso en el que, dijo, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para “responder de manera puntual y veraz a las preguntas del Ministerio Público”.
Destacó que pidió licencia al Congreso estatal desde su “convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”.
Añadió que “hoy queda claro” que los señalamientos hechos en su contra son “un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”.
Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del estado fueron señalados a finales de abril pasado por la fiscalía del distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas y apoyo al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y tenencia ilícita de armas.
Los otros acusados son Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario de Gobierno del estado (Morena); Enrique Díaz Vega, ex encargado de Administración y Finanzas estatal; Dámaso Castro, ex vicefiscal de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, ex mandos policiales estatales; así como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán (Morena), y Juan Valenzuela Millán, ex jefe de policía de Culiacán.
La FGR asegura que el gobierno de Estados Unidos no ha enviado las pruebas solicitadas por las autoridades mexicanas para cumplir con “el parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho” en México.
Fuente: La Jornada
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