Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- La red de proveedores electorales vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvo contratos por aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según una investigación presentada este jueves 5 de noviembre por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.
La investigación señala que varias empresas relacionadas entre sí habrían simulado competencia en licitaciones para suministrar materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos públicos locales electorales (OPLE). El mecanismo habría permitido concentrar adjudicaciones mediante distintas razones sociales.
Entre 2015 y 2023, las compañías obtuvieron más de 2 mil 94 millones de pesos en contratos con 23 de los 32 OPLE. A esa cantidad se suman otros 646.3 millones correspondientes a contrataciones de 2024 y 2025.
Empresas bajo investigación
Entre las compañías identificadas aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
De acuerdo con la exposición de Buenrostro, algunas compartían vínculos empresariales, representantes y mecanismos de operación. La investigación también identificó posibles irregularidades relacionadas con domicilios, capacidad operativa y utilización de terceros para ocultar a los beneficiarios de los recursos.
Los antecedentes de los hermanos se remontan a 1983, cuando ingresaron a la Dirección General del Registro Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, sus empresas comenzaron a participar en contrataciones electorales.
UIF bloquea a 40 personas y empresas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 morales relacionadas con proveedores electorales. La medida se tomó después de detectar movimientos financieros considerados de riesgo, como transferencias entre cuentas sin actividad comercial aparente.
La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza revisiones sobre las contrataciones electorales.
El bloqueo constituye una medida preventiva y administrativa, no una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad. Las investigaciones deberán establecer si existieron delitos y posibles daños al erario.
