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Mujer persigue y derriba a su atacante sexual en inmediaciones de CU

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Un joven de 30 años fue detenido y remitido a la autoridad ministerial por su presunta responsabilidad en la agresión sexual e intento de violación de una mujer de 20 años de edad en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Según la denuncia que se subió a las redes sociales en el sitio UNAM Social, el ataque a la joven se registró alrededor de las 06:30 horas sobre Eje 10 y una de las calles aledañas al parque Hugo B. Margain.

De acuerdo con el relato, la víctima caminaba por la calle cuando un hombre identificado con el nombre de Ricardo, de unos 30 años, se acercó por detrás de ella y comenzó a hacerle tocamientos en los pechos y en la vagina, y posteriormente intento someterla para violarla.

Como pudo, la chica se defendió y pidió auxilio.

Entonces, el agresor trató de huir a bordo de su bicicleta. Sin embargo, fue alcanzado y derribado por la propia joven agredida y ahora forcejeó con él para impedir que escapara.

Un grupo de personas que pasaban por el lugar acudieron en su apoyo y lograron retener al agresor, en espera de que llegara la policía.

El suceso se dio a conocer gracias a una testigo que iba pasando a bordo de su auto y en compañía de su padre, quien de inmediato llamó al 911 para solicitar ayuda.

La joven universitaria compartió el testimonio a modo de denuncia y precaución para las mujeres que transiten por la zona e invitó a “cuidarnos más que nunca”.

De acuerdo con el registro más reciente, correspondiente al periodo del 13 de junio de 2017 al 8 de junio de 2018, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se registraron 251 denuncias de acoso sexual y de otras formas de violencia.

De estas el 98% fueron presentadas por mujeres, de las cuales 79.3% dijeron ser alumnas, 12.4% trabajadoras administrativas y 5.2% profesoras, según datos del “Informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM”.

Con información de Proceso.


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Nacional

La precarización del trabajo avanza en México por empleos mal pagados, advierten analistas.

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En el mercado laboral en México, actualmente nos encontramos con una proliferación de empleos mal pagados y sin prestaciones, además de una elevada informalidad, señalaron este jueves analistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló este jueves que el desempleo en México se situó en 3.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en el tercer trimestre de 2019, por encima del 3.5 por ciento registrado en igual período de 2018.

La población subempleada -la que declaró tener necesidad y disponibilidad para ofertar más horas de trabajo- alcanzó un 7.8 por ciento de toda la ocupada, mayor al 7.1 por ciento reportado en el tercer trimestre de 2018.

Las personas en la economía informal representaron el 56.5 por ciento de la población ocupada, 0.2 puntos porcentuales menos que el nivel registrado en el mismo periodo de 2018.

No obstante, López Obrador defendió la creación de empleos en 2019 y citó las cifras divulgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) según las cuales la creación de empleos en octubre de 2019 fue de 159 mil 998 puestos, mientras que en lo que va del año la ganancia es de 648 mil 059 plazas.

Al comentar a Efe la aparente incongruencia entre el Inegi y el IMSS, el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Luis de la Cruz, dijo a Efe que López Obrador tiene razón al decir que el empleo ha crecido, pero en el sector formal, compuesto por personas asalariadas que gozan de Seguro Social y servicios de salud.

“Pero el punto es que eso solo es alrededor de 40 por ciento del mercado laboral mexicano total. El análisis tiene que hacerse de todo el mercado laboral, y allí es donde Inegi genera una foto (distinta)”, sostuvo.

Indicó que “efectivamente en México avanza la generación de empleo, pero las características de esta ocupación son precarias”.

“Los empleos que reporta el IMSS, los que se han creado entre enero y octubre, son un poco más la mitad del millón doscientos mil que se requieren cada año en México tan solo para darle cabida al crecimiento de la población”, expuso.

Por otro lado, dijo, “la calidad del empleo también se ha precarizado”. Explicó que de los 1.2 millones de puestos de trabajo creados en los primeros nueve meses del año, según el Inegi, “la mayoría estuvieron en el rango de dos salarios mínimos”. El salario mínimo de 2019 en México es de 102.68 pesos diarios (5.3 dólares).

“Lo que ocurrió fue que entre los rangos que pagan más de tres salarios mínimos se reporta una caída de dos millones y medio de empleos, que se compensaron con la generación de poco más de cuatro millones de empleos en los rangos entre uno y dos salarios mínimos”, abundó.

Elevada Informalidad

Añadió que una parte significativa de los empleos creados se está dando en la informalidad. “Si observamos la creación de empleos, se está dando en los micronegocios, que no emplean más de 10 personas. Esto es importante porque los micronegocios normalmente son informales, de bajo valor agregado y que pagan poco”, expuso.

El analista refirió que de los 1.2 millones de empleos generados este año, unos 900 mil se dieron en micronegocios.

“Esta precarización del empleo está asociada a que se han creado empleos pero de muy baja calidad. ¿Esto qué implica? Que no hay acceso a las prestaciones de seguridad social ni a los servicios de salud”, acotó.

Para revertir esta precarización, abogó por un Acuerdo por la Preservación del Empleo entre Gobierno, empresas, banca de desarrollo, academia, sindicatos y sociedad en general, que tendría por objeto crear una estrategia integral de fortalecimiento productivo con una perspectiva de inclusión social que permita reducir los rezagos a través del crecimiento económico.

Por su parte, la directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, coincidió en que los datos del Inegi son más amplios que los del IMSS porque proceden de una encuesta que abarca a todo el mercado laboral, no solo a las personas inscritas en el Seguro Social.

Igualmente, apuntó que la ocupación parcial y la desocupación (los desempleados más aquellos que trabajan menos de 40 horas a la semana) “tienden a incrementarse cuando hay estancamiento económico”.

A punto de concluir el 2019, la economía mexicana sigue sin levantar cabeza, con un escueto crecimiento en el tercer trimestre de 0.1 por ciento respecto al trimestre anterior.

En comparación anual, el dato es todavía más duro, pues en el tercer trimestre de 2019 el Producto Interior Bruto (PIB) cayó 0.4 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó este jueves su informe trimestral sobre la tendencia laboral de la pobreza, según el cual el ingreso laboral mostró un crecimiento de 3.2 por ciento entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019.

No obstante, señaló que el ingreso laboral real disminuyó 0.2 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre de 2019.

“Lo anterior aumentó la pobreza laboral (porcentaje de población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) de 38.1 por ciento a 38.5 por ciento en este periodo”, señaló.

Con información de Sin Embargo.

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Nacional

10 cambios que traerá el Insabi

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Con los cambios a la Ley General de Salud que desaparecen el Seguro Popular y crean el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), se plantea la universalización de los servicios en la materia, por lo que las personas sin seguridad social podrán acceder a estos y a los medicamentos de forma gratuita.

Para esta tarea, se prevén 271,519 millones de pesos, que incluyen recursos federales y aportaciones de los estados, recursos del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos, y 40,000 millones de pesos específicamente para la creación del Insabi.

La entrada en operación del organismo se prevé para este 1 de enero de 2020 y estas son las claves para entender qué se espera de él.

El Insabi proveerá los servicios de salud

Como ya no existirá el Seguro Popular, se creará un instituto que tendrá a su cargo la aplicación de políticas del programa IMSS Bienestar y operará de manera directa los sistemas de salud, que hasta ahora están a cargo de los gobiernos locales y financiados por el Seguro Popular. Esto, siempre y cuando los gobernadores lo acepten a través de convenios.

Atención a todos los que estén en el país

La ley señala que las personas que se encuentren en el país y así lo requieran, a partir de criterios de universalidad, igualdad, inclusión y gratuidad, serán beneficiarias de los servicios públicos de salud, cuando antes la norma solo aludía a los residentes en el país, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

«Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución, sin importar su condición social», dice la legislación recién enviada a promulgar al jefe del Ejecutivo.

No habrá costos para los afiliados

La creación del Insabi prevé ofrecer servicios de salud y medicamentos de forma gratuita a todas las personas que estén en el territorio nacional que no cuenten con seguridad social.

A diferencia del Seguro Popular, en el que los afiliados hasta ahora aportan un monto para acceder a los servicios, en este caso, para acceder a los servicios no será necesario que hagan aportaciones, según promete la reforma aprobada.

La salud se financiará solo con recursos públicos

Con los cambios a la ley, los servicios médicos y medicamentos para las personas sin seguridad social se financiarán con recursos públicos. Para 2020, se prevén 224,885 millones de pesos (mdp) para la Secretaría de Salud, contando con recursos provenientes del Ramo 12 y del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA).

En espera de la puesta en marcha del Insabi, inició la operación en 2019 del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, el U013, el cual contempla 6,071.3 mdp para transferir y 500 mdp para el pago de personal de base. Para el próximo año, se estima un presupuesto de 6,634 mdp para este programa, que se trasferiría al Insabi tentativamente en lo que se aprueba el Presupuesto de Egresos 2020. Además, se tomarán al menos 40,000 mdp del Fondo de Gastos Catastróficos que pertenecía al Seguro Popular. En total, tomando en cuenta esos rubros, se prevén 271,519 mdp para ofrecer servicios de salud y medicamentos gratis.

Se ampliará el catálogo de enfermedades catastróficas

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la Protección contra Gastos Catastróficos 2019 solo cubre 65 padecimientos, clasificados en 10 categorías y restringidos por edades (recién nacidos, malformaciones congénitas y/o adquiridas en menores de 18 años, enfermedades metabólicas en menores de 10 años, cáncer en menores de 18 años, cáncer en mayores de 18 años, enfermedades vasculares en menores de 60 años, infectocontagiosas en menores de 65 años, infectocontagiosas, trasplantes y genéticas).

Por ello, ahora se prevé incrementar el catálogo, para que incluya cánceres para mayores de 18 años, como melanoma, carcinoma basocelular, cánceres oral, faríngeo, laríngeo, pulmonar, gástrico, de páncreas, vejiga, renal, de tiroides, endometrial, tres tipos de leucemia, tres tipos de linfomas, meningitis, tuberculosis, sífilis, absceso cerebral, hipertensión arterial pulmonar, aneurisma aórtico, fibrosis quística, catarata y fractura de cadera, entre otros males.

Los estados podrán ceder sus obligaciones de salud

De acuerdo con la ley, el gobierno transferirá recursos para esta tarea a través de acuerdos de coordinación. No obstante, los estados que prefieran no hacerse cargo de estos servicios podrán acordar con el Insabi que este se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de servicios.

El gobierno federal transferirá a las entidades los recursos para salud, como se realiza actualmente; en caso de que decidan ceder su obligación, deberán regresar los recursos y, en caso de incumplimiento, se tomarán sus participaciones federales.

Se abrirá un ‘buzón de quejas’

Los beneficiarios podrán presentar quejas ante los servicios estatales de salud y, en su caso, ante el Insabi, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos, así como por no recibir información de procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas.

Habrá un solo Compendio Nacional

La legislación establece que se deben conjuntar en un Compendio Nacional de Insumos para la Salud las denominaciones de Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y del Catálogo de Insumos para el segundo y el tercer nivel.

Adiós al Fondo de Gastos Catastróficos

Se crea un Fondo de Salud para el Bienestar que sustituirá al Fondo de Gastos Catastróficos. El Insabi canalizará al fondo el equivalente a 11% de la suma de los recursos del gobierno federal y de los estados. De estos, el Insabi asignará 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, 2% a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades federativas con mayor marginación social y 1% para complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos y demás insumos, así como al acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social.

Más personas podrán recetar medicamentos

No solo los médicos podrán prescribir medicamentos; también podrán hacerlo los licenciados en Enfermería y médicos homeópatas, quienes podrán recetar medicinas del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.

Con información de Política Expansión.

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Nacional

Irán a seguridad casi 200 mil millones en 2020

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La política de austeridad recorta presupuestos en casi todas las áreas de la administración pública. Mientras que algunos rubros han sido sometidos a reducciones de hasta el 70 por ciento, hay algunos –muy pocos– que gozan de gran cantidad de recursos. Uno de ellos es el de la seguridad que, para el siguiente año, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador destinará 197 mil 254 millones 910 mil pesos.

¿En qué se gastarán tales montos? ¿Quiénes estarán a cargo de gastarlos? En primerísimo lugar, los militares. Sea seguridad nacional o seguridad pública, los montos más altos irán a parar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar). La primera organiza y administra al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana. La segunda, a la Armada de México.

Dos estudios de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados revelan también el destino que formalmente tendrán esos casi 200 mil millones de pesos. Y queda claro que cada vez son mayores las tareas de seguridad pública asignadas a los militares.

El monto total se obtuvo de la suma de lo que se destinará a seguridad nacional y a seguridad pública. Para el primer tipo de seguridad, el monto asciende a 84 mil 404 millones 180 mil pesos. Para el segundo, a 112 mil 850 millones 730 mil pesos. Con respecto de la seguridad nacional, se trata de una reducción del 10.43 por ciento con respecto de lo aprobado para 2019. Sin embargo, tal reducción se compensa con creces con el incremento del 39.24 por ciento para seguridad pública.

Por dependencia, la Sedena es la que mayor cantidad de recursos recibirá, con 83 mil 450 millones 150 mil pesos. Y es que recibe tanto de los fondos para seguridad nacional como de seguridad pública. Igual circunstancia es la de Semar, que recibirá 29 mil 6 millones 100 mil pesos. La Policía Federal, 25 mil 443 millones 930 mil. Y la Guardia Nacional, 3 mil 842 millones 200 mil pesos.

Seguridad nacional

Este tipo de seguridad tiene como propósito formal mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Busca prevenir, disuadir, contener o neutralizar riesgos y amenazas, mediante tareas de inteligencia y contrainteligencia.

La Sedena es la secretaría de Estado que mayor cantidad de recursos ejercerá para preservar la seguridad nacional el próximo año. Contará con 57 mil 856 millones 790 mil pesos. Enseguida se encuentra la Semar, con 23 mil 854 millones 450 mil pesos. Después se encuentra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI antes llamado Cisen), con 2 mil 626 millones 860 mil pesos. Finalmente, la Presidencia de la República con apenas 66 millones 90 mil pesos.

Ni la Sedena, ni la Semar ni el CNI verán mermados sus presupuestos. La reducción de 10 por ciento que señalamos líneas arriba se debe a que ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Por ello, a la Presidencia apenas le asignaron el monto mencionado.

¿Y en qué se gastarán los recursos? El estudio, con clave SAE-ISS-21-19 y elaborado por el investigador parlamentario Reyes Tépach, identifica los principales 10 programas presupuestales:

Para la Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio nacional, 30 mil 821 millones 510 mil pesos; para Emplear el Poder Naval de la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales, 18 mil 50 millones 330 mil; para Actividades de Apoyo Administrativo, 7 mil 704 millones 440 mil; para Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, 7 mil 525 millones 700 mil; para Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, 6 mil 540 millones 950 mil; para Adquisición, Construcción, Reparación y Mantenimiento de Unidades Navales, 4 mil 718 millones 860 mil; para Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Militar y Maquinaria Pesada y Administración Inmobiliaria; 2 mi 858 millones 530 mil; para Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional, 2 mil 626 millones 860 mil; para Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de Armamento, Municiones, Explosivos, Vehículos y Equipos Militares y sus Accesorios, 1 mi 389 millones 990 mil, y para Investigación, Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo Militar y Mantenimiento de Infraestructura, 802 millones 520 mil pesos.

Según el documento, las actuales amenazas a la seguridad nacional son el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Los riesgos: los conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los desequilibrios sociales, la evasión fiscal, el contrabando y el uso de recursos de procedencia ilícita. Posibles conflictos: mala gestión del agua, escasa producción de alimentos y pobre generación de empleos.

Seguridad pública

Este tipo de seguridad tiene como objetivo salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la dependencia que mayores tendrá en esta materia. Entre otras responsabilidades, es la encargada de organizar y administrar la Guardia Nacional (3 mil 842 millones 200 mil pesos) y a la actual Policía Federal (25 mil 443 millones 930 mil pesos) en su transición a incorporarse a la propia Guardia. También, del sistema de readaptación social (reclusorios federales: 20 mil 832 millones 950 mil pesos). Tendrá recursos por 56 mil 523 millones 840 mil pesos.

Enseguida está la Sedena, con 25 mil 593 millones 360 mil pesos. Luego la Semar, con 5 mil 151 millones 650 mil. Y la Secretaría de Gobernación (Segob), con 770 millones 200 mil pesos. Se deben agregar los montos destinados a los estados y municipios para proveer seguridad pública. Se trata de recursos por 24 mil 811 millones 690 mil pesos.

De acuerdo con el estudio identificado como SAE-ISS-20-19 y elaborado también por Reyes Tépach, los 10 principales programas presupuestarios para la seguridad pública son:

Para Operación y Desarrollo de los Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas Armadas, 27 mil 73 millones 880 mil pesos; para Operativos de Prevención y Disuasión del Delito, 24 mil 995 millones 190 mil; para Administración del Sistema Federal Penitenciario, 20 mil 219 millones 180 mil; para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), 17 mil 367 millones 700 mil; para las Aportaciones Federales para la Seguridad Pública en Estados y Municipios, 7 mil 443 millones 990 mil; para actividades de Seguridad Pública de la Sedena, 3 mil 671 millones 140 mil pesos; para Actividades de Apoyo Administrativo, de 3 mil 29 millones 590 mil; para Subsidios en Materia de Seguridad Pública, 3 mil millones; para Operación de la Guardia Nacional para la Prevención, Investigación y Persecución de Delitos, 2 mil 242 millones 200 mil, y para Servicios de Custodia, Vigilancia, Seguridad de Personas, Bienes e Instalaciones, 1 mil 580 millones 590 mil pesos.

El discurso dice que ya no hay “guerra”. La realidad se impone y se refleja en el presupuesto.

Artículo publicado por Contralínea.

https://tinyurl.com/uyrmxy5

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