Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 6 de noviembre que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe sanearse y transparentar sus contrataciones, luego de que una investigación del Gobierno federal identificara una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas que obtuvo contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 en organismos electorales del país.
Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, realizada en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la consigna «el INE no se toca», al considerar que fue utilizada para impedir que se revisaran las irregularidades en la contratación de materiales electorales. Sostuvo que las investigaciones deben alcanzar tanto a los funcionarios como a los empresarios que participaron en las operaciones.
Sheinbaum señaló que el esquema de contratación no comenzó durante la presidencia de Guadalupe Taddei, sino que tiene antecedentes de hace 27 años y se fortaleció durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General del organismo electoral.
Empresas obtuvieron contratos en 23 organismos electorales
La investigación presentada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, identificó que empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023.
De acuerdo con los datos expuestos por la dependencia, las adjudicaciones involucraron a 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Entre las compañías señaladas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
El reporte también documentó que las contrataciones continuaron durante 2024 y 2025, cuando las empresas vinculadas con los mismos empresarios obtuvieron otros 646.3 millones de pesos mediante contratos con 15 organismos electorales estatales. Esto elevó el monto identificado a 2 mil 740.3 millones de pesos en el periodo analizado.
La dependencia federal señaló que entre las prácticas bajo investigación se encuentra la posible simulación de competencia en procedimientos de contratación, mediante empresas relacionadas que presuntamente participaban en licitaciones para favorecer a integrantes del mismo grupo empresarial.
Sheinbaum señala antecedentes desde la década de 1980
Durante su exposición, la presidenta explicó que los antecedentes de los empresarios se remontan a su paso por instituciones públicas. Según la investigación presentada por Buenrostro, los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), organismo de la Secretaría de Gobernación, durante la década de 1980.
La secretaria también mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien ocupó cargos en el RENAPO y posteriormente en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). De acuerdo con la exposición gubernamental, actualmente coincide con antiguos funcionarios electorales en el partido Somos.
Sheinbaum relacionó estos antecedentes con la participación de Lorenzo Córdova y Guadalupe Acosta Naranjo en esa organización política. También recordó que el Consejo General del INE, encabezado por Córdova, participó en 2014 en la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora.
La mandataria insistió en que la presencia de Taddei en los antecedentes institucionales del caso no significa que la estructura empresarial haya surgido durante su gestión. Sin embargo, sostuvo que cualquier posible responsabilidad debe investigarse, independientemente del cargo o periodo de los funcionarios involucrados.
Piden revisar contratos y establecer nuevas reglas
La presidenta cuestionó que durante los años en que se consolidaron estas contrataciones no se establecieran mecanismos suficientes para evitar la concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de proveedores.
Por ello, planteó que el actual Consejo General del INE establezca lineamientos claros para las adquisiciones, tanto en el organismo nacional como en los institutos electorales estatales. También pidió revisar los costos de los materiales y verificar que las empresas participantes tengan capacidad para fabricar los productos que ofrecen.
Sheinbaum sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar los contratos y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades administrativas o penales. La Fiscalía General de la República (FGR) también podría intervenir si las investigaciones aportan elementos que justifiquen su participación.
En paralelo, anunció que el Gobierno federal prepara un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el propósito de que esta empresa estatal participe en la fabricación de materiales electorales, bajo mecanismos de supervisión y transparencia.
Los señalamientos también provocaron una respuesta de Somos, partido que rechazó las acusaciones y anunció que prepara acciones legales contra la presidenta y la secretaria de Anticorrupción por presunto daño moral y difamación.
La revisión de las contrataciones deberá establecer cómo se asignaron los recursos públicos, qué empresas participaron y si existieron irregularidades en los procedimientos. Mientras tanto, Sheinbaum reiteró que el INE debe sanearse y garantizar condiciones de transparencia en la preparación de las elecciones de 2027.
