Destituyen al director del Instituto Nacional de Neurología; SFP detecta irregularidades

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La Secretaría de Salud (SSa) confirmó este viernes la destitución del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), Miguel Ángel Celis López, tras las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una visita sorpresa al lugar.

La decisión la tomó la Junta de Gobierno del INNN, en una reunión realizada esta tarde.

El 19 de diciembre pasado, nueve servidores adscritos al INNN enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, vía la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el documento relataron los problemas que aquejan al Instituto.

Detallaron que desde 2017, cuando Celis asumió la dirección, el INN celebró un contrato de prestación de servicios con “farmacia subrogada” para el abastecimiento de medicamentos y material especializado. Sin embargo, el servicio prestado por el proveedor es deficiente porque no abastece a la institución de medicamentos controlados básicos para la atención quirúrgica y de las áreas de terapia intensiva, intermedia, recuperación y hospitalización.

A consecuencia de esta falta de insumos se han suspendido cirugías programadas y no han podido atenderse crisis convulsivas, infecciones, dolor postquirúrgico, cefalea y otras fallas multiorgánicas que incluso han llevado a la muerte.

Falta también material médico como gorros, cubrebocas, guantes, botas quirúrgicas, soluciones intravenosas, equipos de transfusión, cintas adhesivas, alimentación parental, bolsas recolectoras de fluidos, bolsas recolectoras para orina, zondas vesicales, suturas, circuitos para ventilador, etcétera.

Ante la carencia de insumos, los pacientes han tenido que asumir el gasto, pero se les exige comprar a los proveedores sugeridos por el personal médico del nosocomio, de otra manera les advierten que no les dará atención.

Según la misiva enviada al presidente, los equipos no están regulados por ningún instrumento contractual, sólo son registrados por el sistema de seguridad a cargo de la empresa Multiproseg.

“Lo anterior ha sido por mala planeación del director del hospital, ya que se ha conducido de manera dolosa para afectar el buen funcionamiento del Instituto en detrimento de la salud de los pacientes”, puntualizaron los firmantes.

Entre otros puntos, explicaron que los equipos externos son rentados a empresas como Tecnomed, Forefront Médica México y Varlix Integra, entre otras que son sugeridas por los médicos cirujanos adscritos.

“La renta de todos los aparatos para cirugía también tiene que ser pagada por los pacientes, ya que el día de la cirugía es cuando llegan dichos aparatos al Instituto y se cobra la renta a los familiares antes de que bajen al quirófano. En ocasiones no se dan recibos o notas por la renta del equipo. El arquitecto Héctor Flores Tafoya, adscrito a la Dirección General de Servicios Generales, es el encargado de permitir el acceso del mencionado equipo médico”,

Finalmente, las enfermeras María Ruelas, Eloísa Servín, María Monroy, Martha Castillo, Martha Medel, Karla Cancino y Abraham Serralde, junto con los médicos Manuel Islas y Eduardo Hernández, destacaron que además del problema médico enfrentan acoso laboral.

“Hemos recibido amenazas de despido por parte del doctor Juan Luis Gómez Amador, obligando a los médicos residentes a realizar actividades extraordinarias en hospitales privados, tales como servicios de anestesia; además, se denigra al personal en sesiones grupales, se imponen amonestaciones verbales sin fundamento y excesivas. Existe violencia de género por parte de los doctores Luis Guillermo Díaz López, Adolfo Leyva Rendón, Carmen María Chávez Piña y Mirna Leticia González Villavelázquez, quienes ponen apodos, se refieren al personal femenino como ‘viejas locas’ y usan palabras altisonantes como ‘pendejo’”, denunciaron.

En 2017, Celis López fue acusado por colegas y pacientes de participar en un esquema de experimentación médica en el que los últimos fueron usados como conejillos de Indias. El ensayo afectó a unas 500 personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por vida.

Con información de Proceso.