Por Eduardo De Luna
México tiene un problema gravísimo de violencia criminal. Negarlo sería absurdo. Sinaloa atraviesa desde 2024 una confrontación particularmente sangrienta entre facciones del Cártel de Sinaloa, con miles de muertos, desaparecidos, desplazamiento de población y un despliegue extraordinario de fuerzas federales.
Pero reconocer esa realidad no significa aceptar cualquier término para describirla.
Y mucho menos hablar de una “guerra civil”.
El Financial Times publicó esta semana un reportaje presentado en redes sociales bajo la frase “The cartel civil war tearing apart a Mexican state”, mientras sostiene que habitantes y especialistas consideran la actual crisis de Sinaloa como la peor de un siglo de historia del narcotráfico en esa entidad.
La violencia existe. La disputa criminal también. Lo cuestionable es elevar una guerra intestina entre facciones de una organización criminal a la categoría discursiva de una “guerra civil”.
Una guerra civil implica normalmente un conflicto armado interno de naturaleza política, en el que fuerzas organizadas disputan al Estado, al gobierno o entre sí el control político de un país o una parte sustancial de su territorio. En Sinaloa no existen dos proyectos políticos enfrentados, ni ejércitos populares, ni movimientos separatistas disputándose formalmente la soberanía.
Existen organizaciones criminales enfrentándose por territorio, rutas, mercados y poder.
La diferencia podría parecer exclusivamente semántica. En septiembre de 2026 dejó de serlo.
Trump ya puso a México en el centro
Este martes 22 de septiembre, desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, Donald Trump pronunció palabras que deberían encender las alertas en México.
El presidente estadounidense afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y calificó como “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de más de 3 mil kilómetros con lo que describió como territorio controlado por organizaciones criminales. Incluso sostuvo que México debe “recuperar el control de su territorio”.
Pero Trump fue todavía más lejos.
Comparó directamente a los cárteles con el Estado Islámico: “Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”, y recordó que su administración los designó organizaciones terroristas extranjeras. También afirmó que Estados Unidos está reafirmando su poder, incluido el militar, cuando lo considera necesario en la región.
El mensaje no quedó aislado en una referencia abstracta a América Latina. Trump dijo ante la ONU que su gobierno había “desatado” a las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los cárteles y sostuvo que sus integrantes deberían ser eliminados, expulsados o tratados como combatientes enemigos. Al mismo tiempo aseguró mantener una “muy buena relación” con el gobierno mexicano.
Aquí es donde el lenguaje utilizado por algunos medios internacionales adquiere otra dimensión.
Por un lado tenemos titulares que comienzan a colocar conceptos como “guerra civil” alrededor de México. Por otro, al presidente de Estados Unidos diciendo ante prácticamente todo el planeta que existen territorios mexicanos controlados por cárteles, que éstos son equivalentes a ISIS y que Washington está dispuesto a utilizar su poder militar para proteger sus intereses.
No hace falta imaginar una conspiración entre periódicos y la Casa Blanca para advertir el peligro.
Lo que existe es una convergencia narrativa que merece escrutinio.
Primero se describe a México como un territorio sumergido en una guerra interna. Después se presenta a sus organizaciones criminales como fuerzas terroristas comparables con ISIS. Luego se sostiene que el Estado mexicano ha perdido el control de partes de su territorio.
La conclusión política que podría construirse después resulta evidente: si México supuestamente perdió el control, alguien tendrá que recuperarlo.
Y Washington ya está diciendo quién considera tener la capacidad militar para hacerlo.
No es una guerra civil
México enfrenta narcotráfico, homicidios, desapariciones, extorsiones, corrupción, desplazamiento y organizaciones criminales con enorme capacidad económica y de fuego. Sinaloa vive una crisis de seguridad excepcional.
Pero eso no convierte automáticamente al país en escenario de una guerra civil.
Precisamente por la gravedad de los acontecimientos, las palabras importan.
Trump no ocultó esta semana su visión. Dijo que Estados Unidos está “reafirmando el poder estadounidense, incluido el poder militar” en su región y prometió utilizar, de ser necesario, su “poderío militar sin igual” para proteger los intereses nacionales estadounidenses.
En ese contexto, describir a un estado mexicano como escenario de una “guerra civil” deja de ser únicamente una decisión llamativa para conseguir lectores.
La prensa internacional tiene todo el derecho de documentar la violencia mexicana, investigar la penetración del crimen organizado y cuestionar los resultados de las autoridades. Pero también debe ser cuestionada cuando utiliza conceptos cuya carga política rebasa ampliamente los hechos que pretende describir.
Porque existe una enorme diferencia entre denunciar la crisis de seguridad que vive México y construir la imagen internacional de un país que ha perdido el control de su territorio.
Y después de escuchar a Trump esta semana ante Naciones Unidas, esa diferencia importa todavía más.
México no está en una guerra civil.
Pero repetir que lo está puede terminar proporcionando, voluntaria o involuntariamente, el argumento perfecto para quienes desde Washington sostienen que los cárteles son ejércitos terroristas, que el Estado mexicano perdió territorio y que Estados Unidos tiene derecho a utilizar su poder militar para resolver lo que México supuestamente ya no puede resolver por sí mismo.
Ese es el verdadero peligro de las palabras.