Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió el martes 27 de octubre a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión amplia de los contratos y el uso de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), incluidas las administraciones de Guadalupe Taddei y sus antecesores, ante señalamientos de presuntas irregularidades, corrupción y conflictos de interés.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la auditoría no debe limitarse al periodo más reciente, sino abarcar los años y las contrataciones necesarios para esclarecer las denuncias y determinar si existen responsabilidades. También solicitó transparentar los acuerdos con proveedores y el destino del presupuesto del organismo electoral.
Sheinbaum señaló que la revisión debe centrarse en posibles anomalías relacionadas con el manejo de recursos públicos, en lugar de asuntos menores, y pidió que las investigaciones permitan conocer las condiciones en que se asignaron los contratos.
Piden revisar contratos y posibles conflictos de interés
La presidenta consideró que el cambio en la titularidad del INE representa una oportunidad para examinar el funcionamiento administrativo de la institución y garantizar que las decisiones se tomen sin favorecer a partidos políticos o intereses particulares.
Para facilitar las auditorías, pidió al Órgano Interno de Control (OIC) del instituto entregar a la ASF toda la información disponible sobre las contrataciones y los señalamientos bajo revisión.
La solicitud ocurre en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras del organismo electoral. Los señalamientos requieren verificarse mediante los procedimientos correspondientes y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad.
Sheinbaum planteó que la fiscalización debe abarcar tanto la gestión de Guadalupe Taddei como los periodos anteriores. El objetivo, indicó, es conocer el origen de los contratos cuestionados, transparentar el ejercicio del gasto y establecer si existen elementos para iniciar procedimientos contra funcionarios o proveedores.
Sheinbaum cuestiona el presupuesto electoral
La mandataria también puso sobre la mesa el costo de operación del INE y la necesidad de revisar los recursos que recibe. Señaló que el presupuesto anual del organismo supera los 20 mil millones de pesos, aunque el monto puede variar según el ejercicio fiscal y las necesidades de cada proceso electoral.
En ese contexto, consideró necesario examinar si el gasto destinado a la organización de las elecciones corresponde a las necesidades del sistema electoral. La discusión sobre el presupuesto se relaciona con la propuesta de reforma electoral impulsada por su gobierno, que planteaba reducir costos tanto del instituto como de los partidos políticos.
La iniciativa no consiguió la mayoría calificada necesaria para su aprobación en el Congreso. Por ello, la revisión de los contratos y el debate sobre el financiamiento electoral constituyen asuntos distintos, aunque ambos están relacionados con el uso de recursos públicos.
La nueva presidencia deberá garantizar transparencia
La renovación de la presidencia del INE también forma parte del contexto de la petición. Tras la salida de Guadalupe Taddei, la consejera electoral Blanca Cruz fue designada para encabezar provisionalmente el organismo, mientras continúa el proceso para definir quién ocupará la presidencia de manera definitiva.
Sheinbaum sostuvo que la persona que asuma la conducción del instituto debe impulsar la transparencia y garantizar la imparcialidad de sus distintas áreas. También señaló que corresponde a las autoridades competentes actuar si las revisiones identifican posibles actos ilícitos o conflictos de interés.
La presidenta recordó que gran parte del personal del INE pertenece al servicio profesional electoral o cuenta con una trayectoria institucional que se remonta a etapas anteriores. Sin embargo, la antigüedad de los trabajadores no sustituye la necesidad de revisar las contrataciones y esclarecer las denuncias específicas.
La ASF deberá desarrollar las revisiones conforme a sus atribuciones y determinar, a partir de la documentación y las pruebas disponibles, si existen irregularidades que ameriten acciones posteriores. La petición presidencial no equivale a una resolución sobre la responsabilidad de personas o empresas involucradas en los señalamientos.