Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- Material electoral del INE generó contratos por más de mil 450 millones de pesos entre 2018 y 2025 con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, de acuerdo con registros de contratación disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Las adjudicaciones, destinadas al suministro de boletas, urnas y mamparas, comenzaron durante la gestión de Lorenzo Córdova y continuaron después de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del organismo en 2023, por lo que los antecedentes abarcan distintas administraciones.
Los registros consultados consignan al menos 49 contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a compañías relacionadas con Hernández Casillas. Los montos y la continuidad de las operaciones han motivado cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación, los controles aplicados a los proveedores y los posibles conflictos de interés.
Empresas acumulan contratos millonarios
Entre las compañías relacionadas con el empresario figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México. Estas empresas participaron en el suministro de materiales utilizados en procesos electorales, según la información sobre las contrataciones.
Los registros señalan que Cajas Graf acumuló al menos 656 millones de pesos mediante alrededor de 20 convenios, mientras que Corporativo Zeg obtuvo contratos por un mínimo de 123 millones de pesos entre 2019 y 2024. Las cifras forman parte del monto global reportado para las operaciones identificadas durante el periodo analizado.
Cuestionamientos surgieron antes de la gestión de Taddei
En noviembre de 2023, la revista Contralínea publicó una investigación sobre proveedores de materiales electorales del INE y de organismos locales. El trabajo señaló presuntas irregularidades en el mercado de la papelería electoral y cuestionó los mecanismos de control para producir y destruir las boletas excedentes de los procesos electorales.
La investigación también documentó que empresas privadas obtuvieron contratos durante la gestión de Lorenzo Córdova, pese a que Talleres Gráficos de México, empresa pública dependiente de la Secretaría de Gobernación, tenía capacidad para participar en ese mercado. Este antecedente sitúa los cuestionamientos antes de la llegada de Taddei a la presidencia del INE.
Reportes mencionan investigaciones por posibles irregularidades
Las solicitudes de acceso a la información pública y los registros de contratación han permitido identificar proveedores, montos y la continuidad de las relaciones comerciales a través de distintas administraciones. Sin embargo, la existencia de contratos y sus importes no demuestra por sí misma que se hayan cometido faltas administrativas o delitos.
Publicaciones periodísticas también han señalado la existencia de expedientes de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionados con empresas y personas vinculadas a estas operaciones. Para establecer el alcance y el estado de esos procedimientos se requiere consultar los expedientes correspondientes y las comunicaciones oficiales de las autoridades competentes.
Los señalamientos incluyen posibles conflictos de interés entre proveedores y funcionarios que han ocupado cargos en instituciones electorales. Determinar si existieron vínculos que afectaran la legalidad de las adjudicaciones requiere establecer qué personas participaron, cuáles fueron sus funciones y si hubo incumplimientos en los procedimientos aplicables.
Revisión debe abarcar distintas administraciones
La renuncia de Guadalupe Taddei, mencionada en el contexto de los cuestionamientos, no elimina la necesidad de revisar los contratos celebrados durante las distintas presidencias del INE. Para atribuir responsabilidades, las autoridades deben examinar cada procedimiento, las condiciones de adjudicación, el cumplimiento de los contratos y la posible intervención de funcionarios o particulares.
El esclarecimiento dependerá de los resultados de las investigaciones y de la documentación que permita confirmar o descartar irregularidades. Hasta que las autoridades competentes determinen responsabilidades, los señalamientos deben mantenerse como presuntos y distinguirse de los hechos acreditados en los registros de contratación.