Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- La exdiputada federal del PRI, Karla Ayala Villalobos, fue vinculada a proceso por abuso de autoridad, acusada de exigir a una colaboradora de la Cámara de Diputados la mitad de su salario mensual para conservar su empleo. Un juez federal determinó que enfrente el procedimiento en libertad y no le impuso medidas cautelares, de acuerdo con información publicada el 21 de octubre.
La exlegisladora, quien actualmente ocupa la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, enfrenta el proceso luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los elementos de la investigación ante un juez con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Exigía 13 mil pesos mensuales
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, Ayala habría solicitado a su colaboradora la entrega mensual de 13 mil pesos, cantidad que correspondía aproximadamente a la mitad de su salario. Las transferencias se habrían realizado entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, cuando la priista encabezaba la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.
El caso se remonta a la denuncia de una trabajadora que señaló presuntas exigencias económicas a cambio de mantener su puesto en San Lázaro. La investigación refiere que los pagos se efectuaban de manera periódica durante ese periodo.
La disputa llegó al aguinaldo
En diciembre de 2022, según los antecedentes del caso, la entonces diputada habría exigido a la colaboradora la entrega completa de su aguinaldo como condición para renovar su contrato. Tras la negativa de la trabajadora, Ayala habría ordenado la terminación anticipada de la relación laboral.
La denuncia fue presentada ante la FGR y derivó en una investigación penal. Aunque inicialmente se señalaron otros posibles delitos, la vinculación a proceso reportada corresponde al de abuso de autoridad.
La decisión judicial permite que el procedimiento continúe mientras se investigan los hechos. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria ni implica que se haya determinado la culpabilidad de la exlegisladora.