Redacción
Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto digital para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos, acoso y abuso sexual en plataformas de México, el 14 de octubre de 2026, con nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas. El documento, publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece medidas para limitar la exposición de menores a materiales perjudiciales y obliga a las compañías a adecuar sus sistemas en un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor.
Qué contenidos deberán restringir las plataformas
El decreto establece que las plataformas digitales no deben permitir que menores de edad accedan, sean expuestos o reciban recomendaciones algorítmicas de publicaciones, imágenes y videos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual.
La disposición también contempla contenidos que promuevan el suicidio, las autolesiones deliberadas y los trastornos de la conducta alimentaria, así como violencia escolar, acoso, ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito. Las medidas buscan limitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a estos contenidos mediante ajustes técnicos y mecanismos de retiro de publicaciones o cuentas que representen riesgos.
Qué deberán hacer las empresas tecnológicas
Las compañías que ofrecen servicios digitales tendrán que implementar mecanismos de seguridad desde el diseño de sus plataformas. Entre las medidas previstas se encuentran la configuración predeterminada de entornos seguros, la verificación de edad y la clasificación de contenidos según el público al que se dirigen.
También deberán incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras, además de habilitar canales accesibles para denunciar publicaciones o usuarios que representen un riesgo para los menores. El decreto incluye la obligación de identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que inciten o generen violencia.
Meta, TikTok, Google y otras compañías deberán adaptarse
Durante las reuniones previas a la firma del documento participaron empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno federal.
Las compañías disponen de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar los ajustes técnicos y documentar las acciones implementadas ante la autoridad. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a las medidas de cumplimiento.
El decreto no contempla sanciones directas
Aunque las disposiciones son obligatorias, el instrumento no establece un esquema de sanciones directas para las plataformas que incumplan. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si se detecta falta de cumplimiento, el Gobierno podría avanzar hacia una legislación que contemple sanciones para las empresas.
El documento también establece mecanismos de colaboración con las autoridades investigadoras. Las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas, atender requerimientos de información, preservar y entregar evidencia relevante, así como alertar de inmediato a las autoridades cuando identifiquen contenido que atente contra la vida.
Gobierno prepara otras medidas de protección digital
Además de las obligaciones para las empresas, el decreto contempla acciones de orientación sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales. Entre ellas figura la difusión de la guía El ABC de las emociones, en coordinación con las autoridades educativas y sanitarias.
Asimismo, instruye a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a instalar una mesa de trabajo para elaborar propuestas regulatorias adicionales que fortalezcan la protección de menores en entornos digitales.
El decreto fue publicado en el DOF el 14 de octubre de 2026. Su aplicación contempla ajustes en las plataformas, mecanismos de denuncia y colaboración con las autoridades, mientras el Gobierno federal da seguimiento a su cumplimiento y analiza posibles medidas legislativas posteriores.