Redacción
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió este 1 de septiembre de 2026 su primer año de funciones con más de 2 mil 600 asuntos resueltos y 163 sesiones públicas, de acuerdo con el balance presentado por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. El tribunal recibió más de mil 400 expedientes pendientes de la anterior integración y, según el ministro presidente, la cifra se redujo a 56 casos.
El resultado coloca al combate al rezago como uno de los principales indicadores del primer año de la Corte renovada tras la reforma judicial. Aguilar Ortiz señaló que algunos de los expedientes heredados llevaban hasta seis años pendientes de resolución. A principios de agosto, la SCJN reportaba 2 mil 243 asuntos resueltos y 56 pendientes del rezago recibido.
Fallos sobre impuestos, agua y pueblos indígenas
Entre las resoluciones de mayor impacto económico se encuentra la confirmación de créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos contra empresas de Ricardo Salinas Pliego. El monto corresponde a litigios fiscales relacionados con empresas del grupo y fue reportado como uno de los casos relevantes desahogados por la nueva integración.
La Corte también emitió criterios sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, acceso al agua y asuntos ambientales. En marzo ordenó garantizar el derecho al agua de habitantes de un asentamiento irregular de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en agosto reconoció el derecho de habitantes de colonias de la Quinta Zona de Ecatepec a reclamar judicialmente el desabasto y ordenó medidas para garantizar el suministro.
Glifosato y bloqueo de cuentas
En materia ambiental, la SCJN resolvió en agosto un caso de comunidades indígenas de Hopelchén, Campeche, que denunciaron riesgos por la presencia de plaguicidas, incluido glifosato, en fuentes de agua. El fallo ordenó monitoreo, generación de información y medidas de protección; no estableció una prohibición general del herbicida.
En abril, el Pleno también validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa cuando existan indicios relacionados con lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, al resolver una acción de inconstitucionalidad contra la legislación vigente.
Austeridad y pendientes
La nueva Corte también reportó ajustes en materia de gasto. Para 2026, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 mil 208.7 millones de pesos para la SCJN, 661 millones menos de lo solicitado. Además, la Corte informó medidas de austeridad y decidió que sus ministros no utilizarían los nuevos vehículos blindados, cuya flotilla sería desincorporada o reasignada.
Pese a la reducción del rezago, permanecen asuntos relevantes pendientes, entre ellos la prisión preventiva oficiosa. Aguilar Ortiz señaló que esperaba que este tema pudiera resolverse durante 2026. El balance del primer año combina así un descenso importante de expedientes heredados con una agenda de casos constitucionales que todavía debe ser atendida por el nuevo Pleno.