La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió acompañada de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ante instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, y afirmó que se quiere “fabricar un caso” y que de manera tramposa el Ministerio Publico Federal la citó como testigo violando las normas constitucionales para que declarara respecto de lo sucedido en un operativo antinarcóticos realizado en marzo pasado en esa entidad y en el que intervinieron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos.
La gobernadora entregó un escrito en las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores de la Ciudad de México, aunque el citatorio establecía que debía comparecer en las oficinas que la institución ministerial tiene en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La asistencia de María Eugenia Campo se convirtió en un mitin político en el cual el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmo que “nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora” y que su señalamiento no sólo lo dicen políticamente sino que cientos de personas van a salir a defenderla, no lo decimos sólo políticamente
El líder panista sostuvo que se deja en claro que para su partido y “cientos de miles de personas”, en este país se respaldará “con toda energía a Maru Campos”, y mencionó que desde el gobierno federal no se ha medido “lo que están haciendo, no saben en lo que están logrando que se convierta la gobernadora”.
El panista y abogado Roberto Gil informó que la mandataria chihuahuense no compareció y rindió declaración ante el Ministerio Público al considerar que la citación “no tiene el más mínimo sustento”.
Dijo que acudieron a la subsede de la FGR “para denunciar políticamente la persecución de la que está siendo objeto Maru Campos”.
Aseguró que su presencia en las instalaciones de la FGR fue para ceñirse al contenido “del malogrado citatorio” y con un se dio respuesta al oficio del Ministerio Publico que a decir de él, se viola la Constitución al “sujetar a la gobernadora a un proceso de investigación” en el que se busca imputarle un delito.
La mandataria de Chihuahua sostuvo que “en México es evidente el uso político de las instituciones federales” y declaro que “de manera muy extraña me citaron y se me cita de la figura de testigo solo con la finalidad de fabricarme un caso”.
Acudo para responder a un oficio y “no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”, dice Maru Campos
En el documento entregado a la FGR la gobernadora señala que acudió no para “rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
Señala que su escrito “no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida.
“El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado. El mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Añade que en su carácter de gobernadora tiene una excepción constitucional y ello “no es una mera dispensa procesal de la carga de comparecer. Es una regla de competencia. El Ministerio Público carece de atribuciones para someter al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional. La excepción del artículo 90 del Código Nacional no protege a la persona, sino a la función. Por eso no depende de la calidad de testigo o de imputado, sino de la investidura y la función que se ostentan”.
Sostiene ante la FGR que la citación es incongruente y ello “se advierte en la fundamentación del acto ministerial. Por una parte, se me cita como testigo. Por otra parte, se invocan preceptos propios del imputado, como los relativos al derecho de defensa. Adicionalmente, se citan disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que regulan la colaboración, el apoyo, el auxilio y el intercambio de información entre autoridades. Estas tres categorías no son intercambiables. Una diligencia de colaboración institucional, una entrevista testimonial genérica y un acto de investigación con posible contenido incriminatorio tienen naturaleza, régimen y consecuencias absolutamente distintas”.
Consideró que “el Código Nacional reconoce que el testigo no está obligado a declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal. Esta confusión no es un defecto menor. Una citación que invoca a la vez el régimen del testigo y el del imputado, y que omite precisar su objeto, coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa, encubierta bajo la fórmula de una entrevista. Ese riesgo afecta mi esfera jurídica como persona, pero, sobre todo, la función y las garantías institucionales del cargo que me ha sido conferido”
Fuente: La Jornada
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