La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) negó que exista una imputación penal contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre una supuesta comparecencia judicial derivada de una denuncia presentada por el exgobernador y actual senador Javier Corral. La institución informó que el caso permanece cerrado por falta de elementos constitutivos de delito.
La fiscalía capitalina explicó que la audiencia notificada a María Eugenia Campos y otras personas señaladas corresponde únicamente a la impugnación promovida por Corral contra la decisión de “no ejercicio de la acción penal”. Precisó que la diligencia judicial no implica acusación formal, judicialización ni determinación de responsabilidad penal.
Señalamientos de persecución política
Tras la aclaración de la FGJCDMX, Campos difundió un video en redes sociales en el que acusó al Gobierno federal de utilizar instituciones para ejercer presión política en su contra. La mandataria afirmó que existe una solicitud de juicio político para destituirla y denunció que fue citada por autoridades federales en distintos expedientes.
La gobernadora sostuvo que las acciones judiciales coinciden con investigaciones relacionadas con operativos de seguridad en Chihuahua y recordó el intento de captura contra Javier Corral por presunto peculado y desvío de recursos. También retomó el caso del bar “Gin Gin”, donde, según su versión, funcionarios de la Ciudad de México intervinieron para impedir la detención del exmandatario estatal.
Contexto político y seguridad fronteriza
La Fiscalía General de la República citó a comparecer a Campos el 27 de mayo en calidad de testigo dentro de una investigación relacionada con presuntas operaciones de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. Paralelamente, en redes sociales resurgió el acuerdo de seguridad fronteriza firmado en 2022 entre Chihuahua y Texas, encabezado por el gobernador texano Greg Abbott.
En ese acuerdo, Abbott señaló que Chihuahua y Nuevo León quedarían exentos de revisiones exhaustivas al transporte de carga en la frontera con Texas, medida aplicada entonces a otros estados mexicanos. La difusión del video volvió a colocar a la administración estatal en el centro del debate político nacional.
Fuente: SPR Informa
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