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CANCÚN, Quintana Roo, 29 de octubre de 2026.- Lydia Cacho pidió la pena máxima para Mario Marín Torres durante la audiencia de vista y alegatos de clausura celebrada este jueves en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, dentro del proceso penal que enfrenta el exgobernador de Puebla por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista en 2005. Mediante videoconferencia desde España, la comunicadora confrontó al exmandatario, quien participó desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, y solicitó también una reparación integral del daño y una disculpa pública.
Durante su intervención ante la jueza María José Pech Sáenz, Cacho sostuvo que Marín utilizó el aparato de justicia estatal para castigarla por sus investigaciones periodísticas y su trabajo en defensa de los derechos de niñas y niños. La periodista recordó que su detención y las agresiones que denunció ocurrieron después de publicar el libro Los demonios del Edén, en el que documentó presuntos vínculos entre empresarios y una red de explotación sexual infantil.
Lydia Cacho responsabiliza a Mario Marín de ordenar su tortura
En uno de los momentos centrales de la audiencia, la periodista solicitó directamente la sanción máxima contra el exgobernador y cuestionó el uso del poder político para perseguirla.
“Por eso le pido, su señoría, que le dé la máxima pena al gobernador que utilizando al aparato de justicia desde el poder, como gobernador constitucional, ordenó mi castigo, lo celebró, se burló de él”, declaró ante la jueza.
Cacho también recordó la expresión de Marín sobre el llamado “coscorrón”, utilizada en las conversaciones telefónicas que trascendieron públicamente en 2006, y contrapuso esa descripción con la gravedad de los hechos que denunció ante las autoridades.
“Me castigó, me mandó a dar lo que él llama un coscorrón, y nosotros y el derecho constitucional llama tortura”, expresó.
La comunicadora sostuvo que las agresiones tuvieron como propósito castigarla por sus investigaciones y por denunciar delitos contra menores de edad. En ese sentido, afirmó que su trabajo periodístico y su defensa de los derechos humanos fueron los motivos de la persecución que atribuye al exmandatario.
Exige disculpa pública y reparación integral del daño
La periodista rechazó que el proceso deba considerarse únicamente un asunto mediático y señaló que su caso representa una disputa por el uso de las instituciones del Estado contra quienes ejercen la libertad de expresión.
“Este caso no es un caso mediático, porque yo soy Lydia Cacho. Yo soy Lydia Cacho, porque dije la verdad, y el aparato del Estado me castigó por eso, y por eso soy conocida”, manifestó durante su participación.
También pidió que se considere la responsabilidad que atribuye a Marín en la protección de redes de trata y explotación sexual comercial infantil. Estas declaraciones corresponden a los señalamientos de la periodista durante la audiencia y forman parte de los argumentos que expuso ante la autoridad judicial.
Antes de concluir, Cacho anunció que presentaría un escrito ante la Corte para solicitar la reparación integral del daño. Entre las medidas que pidió incluyó una disculpa pública del exgobernador por la detención ilegal y la tortura que, según su denuncia, ordenó en su contra.
“Dentro de esta restitución, la más importante para mí es la exigencia que el gobernador Mario Marín me pida disculpas públicas por haber ordenado mi tortura y mi detención ilegalmente”, afirmó.
La petición también contempla una disculpa dirigida a la sociedad poblana. Cacho argumentó que durante el gobierno de Marín se vulneraron derechos de ciudadanos que salieron a las calles para exigir su renuncia por señalamientos de corrupción y presunta protección a grupos criminales.
Mario Marín niega las acusaciones y su defensa cuestiona las pruebas
El exgobernador siguió la audiencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, mientras la periodista participó desde España. Durante la diligencia, Marín rechazó las acusaciones y sostuvo que no existen pruebas suficientes para demostrar que ordenó la detención y tortura de Cacho.
Su defensa cuestionó el valor probatorio de las grabaciones telefónicas relacionadas con el empresario Kamel Nacif Borge, en las que se hizo referencia al entonces gobernador de Puebla. Los abogados argumentaron que esos registros no acreditan por sí mismos la responsabilidad penal que se le atribuye.
El proceso corresponde a la causa penal 25/2018 y constituye una etapa previa a la resolución judicial. La audiencia estaba prevista inicialmente para el 20 de octubre, pero fue aplazada debido a problemas técnicos con la plataforma de videoconferencias utilizada por el juzgado.
Jueza tendrá hasta 60 días para emitir sentencia
Al concluir la audiencia de vista, la jueza María José Pech Sáenz informó que estudiará los argumentos de las partes y los elementos contenidos en el expediente, integrado por 66 tomos, antes de emitir la resolución de fondo.
El plazo previsto para dictar sentencia es de hasta 60 días. Sin embargo, el proceso también está relacionado con un amparo promovido por la defensa de Marín para solicitar que se revise su situación de prisión preventiva por motivos de salud, asunto que deberá considerarse en el desarrollo de los procedimientos correspondientes.
La resolución determinará si el exgobernador es condenado o absuelto por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia Cacho. Hasta que la autoridad judicial emita el fallo, la responsabilidad penal de Marín permanece sujeta a resolución.