Redacción
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron este 6 de agosto de 2026 una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de participar activamente en el ocultamiento de evidencias fundamentales sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La captura responde a un avance federal orientado a sancionar el encubrimiento desde la cúpula del poder público estatal.
La detención deriva de un esquema de revisión integral implementado por el Ministerio Público Federal, el cual reanalizó peritajes, diligencias y expedientes acumulados durante doce años. Los actos de investigación acreditaron que la administración de Aguirre manipuló y desapareció información clave para entorpecer las indagatorias originales y obstaculizar la localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Revisión técnica del expediente estatal
Los peritajes judiciales sustentan que el exmandatario intervino en maniobras para desviar la búsqueda y proteger a mandos políticos y de seguridad en funciones durante septiembre de 2014. La acción penal representa el primer proceso directo contra el titular del Ejecutivo estatal en el periodo de los hechos.
Aguirre Rivero quedó a disposición de un juez de control federal en espera de la audiencia inicial. En el acto procesal, la FGR formulará la imputación correspondiente y solicitará la vinculación a proceso con prisión preventiva.
Antecedentes de la investigación federal
El político separó de su cargo el 23 de octubre de 2014 tras la crisis institucional desatada por las agresiones en Iguala. A pesar de haber comparecido previamente ante autoridades judiciales en calidad de testigo, los nuevos elementos periciales permitieron acreditar su probable responsabilidad penal.
La aprehensión se suma al procesamiento de exservidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y corporaciones locales de Guerrero implicados en la destrucción de material probatorio. El expediente ministerial permanece abierto para la formulación de nuevas imputaciones a mandos vinculados con el caso.