Grupo México debe aportar mil 500 millones por contaminación del río Sonora

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- En la conferencia mañanera de este 9 de noviembre, el Gobierno federal informó que Grupo México debe destinar mil 500 millones de pesos para reparar los daños ambientales y atender las afectaciones a la salud provocadas por el derrame tóxico en el río Sonora, ocurrido en agosto de 2014. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no existe un acuerdo firmado con la empresa que formalice el compromiso económico.

La mandataria explicó que los recursos se utilizarán para construir infraestructura hospitalaria, instalar una clínica toxicológica, sanear la cuenca y ampliar el acceso al agua potable mediante plantas de tratamiento.

La falta de un convenio firmado plantea dudas sobre las condiciones jurídicas para exigir el cumplimiento de las aportaciones anunciadas.

Sin certeza sobre el compromiso de la minera

Durante la conferencia, Sheinbaum señaló que Grupo México fue obligado a destinar los mil 500 millones de pesos conforme a las disposiciones legales. No obstante, al ser cuestionada sobre la existencia de un documento firmado, respondió que no estaba firmado.

El Gobierno federal había presentado en diciembre de 2025 un plan de justicia ambiental para atender a las comunidades afectadas. El proyecto contempló un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos, integrado también por aportaciones federales y estatales.

Doce años después continúan los trabajos

El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, cuando 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora. La afectación alcanzó a comunidades de ocho municipios.

El 15 de octubre de 2026 comenzaron nuevos trabajos de remediación ambiental, con la meta de retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado. Las labores incluyen muestreos y acciones en distintos puntos de la cuenca.

La ejecución de las obras y la formalización de las aportaciones económicas permanecen entre los asuntos pendientes para las comunidades afectadas.

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