Redacción
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este lunes 9 de noviembre de 2026 que recibe pruebas de personas involucradas en presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales, a cambio de posibles reducciones en las sanciones que pudieran corresponderles. La información incluye documentos, videos, mensajes y datos financieros que podrían ayudar a identificar a empresas y funcionarios relacionados con las operaciones investigadas.
A través de sus redes sociales, la ASF explicó que utiliza por primera vez la colaboración directa de informantes mediante un programa que permite obtener información de personas con conocimiento sobre posibles anomalías en la contratación de bienes y servicios durante varios años.
Entre los elementos entregados figuran testimonios, fotografías, videos, domicilios, conversaciones de WhatsApp, nombres y alias de presuntos involucrados.
Empresarios habrían intervenido en licitaciones
La ASF señaló que las investigaciones han identificado indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían participado en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
De acuerdo con la información difundida por el organismo, los datos proporcionados por los informantes permitieron identificar empresas, beneficiarios finales y servidores públicos presuntamente relacionados con estas prácticas.
La Auditoría indicó que continuará las investigaciones para determinar quiénes participaron, rastrear el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.
Investigación alcanza el contexto del INE
El anuncio ocurre en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien presentó su renuncia a la presidencia del organismo en octubre pasado.
La ASF ya había informado sobre revisiones a contrataciones electorales y posibles conflictos de interés. Sin embargo, su comunicado del 9 de noviembre no identifica expresamente al INE como único organismo involucrado ni establece responsabilidades individuales.
El caso también involucra indagatorias sobre proveedores y contrataciones de otros organismos electorales.