Redacción | deluna
Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.— La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionaron a 55 servidores públicos y una empresa por irregularidades detectadas en 19 dependencias y organismos de la administración pública federal, con multas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.
Las resoluciones incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 10 años. Los procedimientos derivaron de investigaciones realizadas por Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Gobernación, Alimentación para el Bienestar y la Guardia Nacional.
Sanciones concentran casos por compras y recursos públicos
Entre los expedientes con mayores montos aparece el de tres funcionarios de las oficinas centrales de la entonces Diconsa, actualmente Alimentación para el Bienestar. El TFJA determinó su inhabilitación durante 10 años y una sanción económica solidaria de 73.4 millones de pesos por el pago de carne realizado en 2020 sin acreditar la entrega del producto.
Otro expediente corresponde a tres servidores públicos de Segalmex, una empresa y la compra de atún realizada en 2019. Las autoridades determinaron inhabilitaciones de 10 años para los funcionarios, de un año para la empresa y una sanción económica solidaria de 16.6 millones de pesos por no acreditar la entrega de la mercancía. En el IMSS, dos funcionarios recibieron una sanción conjunta de 10.1 millones de pesos por irregularidades en la adquisición de tóner.
Pemex y Guardia Nacional también aparecen en los expedientes
Los procedimientos incluyen además casos relacionados con cobros indebidos de prestaciones, contrataciones irregulares, omisiones en declaraciones patrimoniales, acoso sexual y uso no autorizado de recursos públicos. En Pemex, dos trabajadores fueron inhabilitados por 10 años por irregularidades vinculadas con el cobro de prestaciones para combustible.
En la Guardia Nacional, diez integrantes fueron destituidos por entregar certificados de estudios que no eran válidos como parte de los requisitos para obtener una licencia de portación de armas de fuego. Los hechos correspondieron a documentación presentada durante 2024 y 2025.
Las investigaciones también abarcaron a instituciones como el Banco del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria, el Servicio Postal Mexicano y el ISSSTE. Las sanciones corresponden a faltas administrativas graves y no graves, según cada expediente.
Las resoluciones fueron informadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 4 de octubre. Los servidores públicos sancionados conservan los recursos legales previstos para impugnar las determinaciones administrativas.