Redacción
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este martes 22 de septiembre que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum. El balance fue presentado por la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en Ciudad de México.
La funcionaria detalló que la dependencia ha presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas físicas y morales por hechos relacionados con presuntos delitos de corrupción. De acuerdo con el reporte, mil 52 servidores públicos están involucrados en esas denuncias y 53 ya enfrentan un proceso penal.
Sanciones administrativas
Además de las investigaciones penales, la Secretaría reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026. Del total, 3 mil 528 casos correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves, según los datos presentados durante la conferencia.
El balance también incluyó acciones contra particulares y empresas proveedoras del gobierno federal. La dependencia ha aplicado sanciones administrativas derivadas de procedimientos relacionados con presuntas irregularidades en el servicio público y en contrataciones gubernamentales.
Reportan ahorros en compras públicas
Otro de los datos expuestos por Buenrostro fue un ahorro de 83 mil 800 millones de pesos durante los dos primeros años de la administración. La cifra, reportada este martes, corresponde a acciones preventivas en compras públicas y al seguimiento de contratos, de acuerdo con la información difundida tras la conferencia.
El reporte forma parte del balance de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre las medidas aplicadas desde el inicio de la actual administración federal. Las cifras abarcan procedimientos administrativos, denuncias penales y mecanismos de revisión de adquisiciones y contratos públicos.
Los datos presentados corresponden a distintos periodos de corte: las sanciones administrativas llegan hasta junio de 2026, mientras que el balance de denuncias y vinculaciones a proceso fue presentado como parte de la evaluación de los dos primeros años del gobierno federal.