El gobierno federal firmó un acuerdo con productores, compradores e industriales para regular la producción y comercialización del maíz blanco en México mediante un esquema de contratos anticipados, control de insumos y protección financiera. El anuncio fue realizado este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia en la que explicó que la medida busca evitar pérdidas económicas en el campo y estabilizar el mercado nacional del grano.
La mandataria señaló que el acuerdo surgió tras detectar que el precio del maíz cayó por debajo de los costos de producción. Mientras producir una tonelada costaba alrededor de seis mil pesos, el precio de venta rondaba los cinco mil 200 pesos. La situación se agravó por la importación de maíz más barato, lo que saturó inventarios y frenó compras nacionales.
Compras anticipadas y control de insumos
Para enfrentar la crisis inmediata, el gobierno destinó cerca de cinco mil millones de pesos junto con gobiernos estatales y empresas compradoras para liberar inventarios y facilitar la comercialización antes de la cosecha en Sinaloa. A partir de ese proceso, se definió crear un sistema permanente de ordenamiento.
La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, explicó que el mecanismo contempla contratos de compra previos a las cosechas, venta de semillas y fertilizantes a precio reducido y un esquema financiero respaldado por la Secretaría de Hacienda para cubrir riesgos climáticos y de mercado.
Participan seis estados productores
El programa involucra a 61 mil productores de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche, con una superficie de 705 mil hectáreas y una producción estimada de siete millones de toneladas. Según autoridades federales, el acuerdo cubre más del 80 por ciento de la comercialización formal de maíz blanco en el país.
El sistema también contará con una plataforma digital disponible desde el 25 de mayo para el ciclo primavera-verano 2026. La información será supervisada por la Sader y la Comisión Nacional Antimonopolio para evitar prácticas irregulares en el mercado.
Fuente: La Jornada
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