Redacción
Washington, Estados Unidos, 19 de agosto de 2026. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al jurista senegalés Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya. Washington acusa a ambos funcionarios de participar en investigaciones y procesos contra autoridades de países que no reconocen la jurisdicción de la CPI.
Las medidas fueron anunciadas el martes 18 de agosto por el Departamento del Tesoro estadounidense y representan un nuevo golpe contra la institución encargada de investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las sanciones contemplan el bloqueo de activos que Akane y Seye puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para operar dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Washington acusa a la CPI de exceder su jurisdicción
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que los funcionarios sancionados estuvieron directamente involucrados en intentos de la CPI para investigar, detener o procesar autoridades cuyos gobiernos no aceptan la jurisdicción del tribunal. La administración Trump considera que la corte ha excedido sus facultades y representa una amenaza para la soberanía estadounidense.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, instrumento que estableció la Corte Penal Internacional, y rechaza la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses. Washington también cuestiona las actuaciones de la CPI relacionadas con Israel, particularmente después de las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes vinculados con la guerra en Gaza.
La administración Trump ha ampliado así una campaña iniciada con anteriores sanciones contra funcionarios de la CPI. El gobierno estadounidense ha señalado además que busca presionar a países miembros para abandonar el tribunal, mientras la corte enfrenta una creciente disputa política y diplomática en torno a su jurisdicción.
La Corte Penal Internacional rechaza las sanciones
La CPI condenó las nuevas medidas y sostuvo que constituyen un ataque contra la independencia de la institución. El tribunal advirtió que las sanciones estadounidenses afectan el funcionamiento de la justicia internacional y sostuvo que continuará ejerciendo su mandato pese a las medidas adoptadas por Washington.
La disputa también ha generado reacciones fuera de la corte. Países aliados y organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la decisión estadounidense, mientras otros gobiernos han expresado preocupación por las consecuencias que las sanciones pueden tener para el sistema internacional de justicia penal. Japón, país de origen de Akane, también criticó la medida.
Trump aumenta la presión sobre el tribunal
Las sanciones contra Akane se suman a otras medidas adoptadas durante la administración Trump contra jueces y funcionarios de la CPI. El gobierno estadounidense sostiene que la institución ha utilizado su autoridad de manera indebida al intervenir en investigaciones que involucran a ciudadanos o autoridades de países que no reconocen su competencia.
La confrontación coloca nuevamente en el centro el alcance de la justicia penal internacional frente a los límites que reclaman Estados Unidos e Israel. Mientras Washington busca reducir la capacidad de acción de la CPI, el tribunal sostiene que sus investigaciones deben continuar con independencia y sin interferencia política.