Periodistas de Quintana Roo rechazan iniciativa de ley que busca regular la actividad periodística; exigen transparencia y consulta abierta.
CHETUMAL, Q. Roo.- Un grupo de periodistas de distintos municipios de Quintana Roo manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa denominada Ley de Protección Integral, Bienestar y Derechos Profesionales del Periodismo, promovida por la Unión de Periodistas y Medios Digitales del Estado de Quintana Roo (UPDQROO), al considerar que fue elaborada sin transparencia, sin consulta amplia al gremio y con disposiciones que podrían representar riesgos para la libertad de expresión y la protección de comunicadores.
La inconformidad quedó plasmada en un documento dirigido a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, respaldado por al menos 80 periodistas de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, quienes solicitaron a los diputados revisar a fondo la propuesta antes de cualquier avance legislativo.
Los comunicadores señalaron que desde el pasado 5 de junio, fecha en que la iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local, el contenido completo del documento no ha sido difundido de manera pública ni sometido a un proceso abierto de socialización entre quienes ejercen el periodismo en la entidad.
Mario Castillo, periodista de Chetumal, sostuvo que la principal preocupación radica en la falta de inclusión durante la elaboración del proyecto.
“Observamos una falta de inclusión para todos y cada uno de los compañeros. Nuestro llamado es para los legisladores: que revisen este documento y consideren que, para construir una nueva ley que contemple al colectivo periodístico, deben estar incluidos todos y cada uno de los periodistas con su opinión, salvo quien no quiera participar”, expresó.
Entre los aspectos que han generado mayor preocupación destaca la posibilidad de que la iniciativa modifique el esquema actual de protección a periodistas y establezca nuevas figuras administrativas vinculadas al ejercicio profesional.
La periodista Diana García advirtió que algunos artículos contemplan la creación de institutos estatales, registros específicos para comunicadores y mecanismos de financiamiento que serían administrados por órganos designados desde el Poder Legislativo.
Sin embargo, señaló que uno de los puntos más delicados es la propuesta relacionada con la protección de periodistas en situación de riesgo.
“Un punto grave es que proponen extinguir el enlace con el mecanismo federal y que la seguridad de los periodistas quede en manos de autoridades estatales. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han señalado que una gran parte de las agresiones contra periodistas provienen precisamente de autoridades locales. Esto podría colocarnos en una situación de mayor vulnerabilidad”, indicó.
Los inconformes sostienen que cualquier reforma o legislación dirigida al sector periodístico debe construirse mediante un proceso participativo, transparente y abierto a la totalidad del gremio, especialmente cuando se trata de normas que podrían incidir directamente en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Diana García enfatizó que la postura asumida por los comunicadores no busca generar protagonismos ni impulsar nuevos liderazgos dentro del gremio, sino establecer un precedente sobre la necesidad de que cualquier propuesta legal relacionada con el periodismo cuente con una amplia discusión previa.
“Lo que queremos dejar claro es que ninguna iniciativa que pretenda regular la actividad periodística debe construirse sin escuchar a quienes ejercen diariamente esta labor”, afirmó.
De manera paralela, periodistas de la zona norte del estado también hicieron llegar su inconformidad al Poder Legislativo. En Cancún, los comunicadores Víctor Hugo Vargas y Joel Zamora entregaron un documento similar en las oficinas de representación del Congreso, respaldado por firmas de periodistas de Cancún y Playa del Carmen.
Los promoventes insistieron en que no existe oposición a la creación de instrumentos legales que fortalezcan la protección de periodistas, siempre y cuando éstos surjan de un proceso plural, transparente y respaldado por especialistas en derechos humanos, libertad de expresión y materia jurídica.
“Únicamente queremos que sea un proceso transparente, que se cumpla con una socialización abierta con los periodistas o con la mayoría del gremio. No podemos acompañar algo que no tiene el consenso de todos”, señalaron.
Los comunicadores concluyeron que cualquier iniciativa relacionada con el ejercicio periodístico debe abrir espacios de consulta para representantes de los 11 municipios de Quintana Roo antes de avanzar en el proceso legislativo, garantizando que todas las voces del gremio tengan la oportunidad de participar en la construcción de una eventual ley de protección.
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