UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei tras investigación a proveedores del INE

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Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2026.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales, entre ellas las de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con información difundida este miércoles 4 de noviembre.

La dependencia informó que identificó operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan una revisión de las autoridades competentes. Como resultado de sus análisis, incorporó a las 40 personas y entidades a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

UIF bloquea cuentas por operaciones financieras de riesgo

Aunque Hacienda confirmó el número de personas y empresas sujetas a la medida, no publicó sus identidades ni detalló los montos o movimientos financieros observados. La identificación de Taddei entre las personas afectadas fue difundida por medios nacionales con base en información atribuida a fuentes gubernamentales.

El procedimiento también alcanza a empresas y particulares relacionados con contrataciones de materiales y servicios electorales. Entre los nombres señalados en las investigaciones periodísticas figuran empresarios vinculados con proveedores del organismo.

Antecedentes de la investigación en el INE

Taddei dejó la presidencia del INE el 26 de octubre, después de los cuestionamientos sobre contratos asignados durante su gestión. Las revisiones sobre proveedores y adjudicaciones forman parte del contexto de las investigaciones abiertas alrededor del organismo electoral.

La UIF precisó que el bloqueo constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no acredita responsabilidad penal. Las personas incluidas en la lista pueden ejercer los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación.

La FGR deberá investigar los hechos denunciados y determinar si existen elementos para establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, el bloqueo financiero no equivale a una resolución judicial contra las personas involucradas.