CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2026.- ASF revisará contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) correspondientes al periodo 2000-2025, luego de advertir posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a adquisiciones y servicios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que abrió una investigación de oficio sobre las contrataciones de estas instituciones, a partir de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas.
El organismo fiscalizador señaló que sus indagatorias buscan esclarecer posibles anomalías en el ejercicio del presupuesto electoral y determinar si existieron prácticas ilegales relacionadas con empresas proveedoras o servidores públicos.
ASF revisará contratos y proveedores electorales
Como parte de las investigaciones, la Auditoría realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas durante 25 años. El análisis permitirá identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles mecanismos irregulares en la asignación de recursos públicos.
En su comunicado, la institución advirtió que los trabajos de inteligencia y el análisis de información de los estados «advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas» en el gasto público vinculado con el INE, el IFE y los organismos electorales locales.
La revisión abarcará las contrataciones de todos los OPLE del país, además de las realizadas por las autoridades electorales federales en sus respectivos periodos de operación.
Auditoría integral al INE y gasto de los OPLE
La tercera línea de trabajo contempla una auditoría integral al INE y la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
Con estas acciones, la ASF busca establecer si las adquisiciones y los servicios contratados se ajustaron a las disposiciones legales y si existen elementos para determinar posibles responsabilidades.
Hasta el momento, el organismo fiscalizador no ha presentado conclusiones definitivas sobre las investigaciones ni identificado públicamente a las empresas o funcionarios que pudieran estar involucrados.
La Auditoría señaló que continuará los procedimientos dentro de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
