Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutará tres órdenes de aprehensión contra Inés “N” si las autoridades de Estados Unidos determinan su deportación a México, informó este lunes 2 de noviembre la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, luego de que la exconductora fuera detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias estadounidenses. Los mandamientos judiciales corresponden a investigaciones por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La funcionaria precisó que las tres órdenes fueron libradas por jueces federales mexicanos. Una fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras que las otras dos corresponden a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que investiga posibles irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Órdenes de aprehensión por delitos financieros
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Inés “N” habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, presuntamente obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales.
La fiscalía sostiene que las operaciones se habrían realizado mediante empresas fantasma, utilizadas para canalizar recursos públicos hacia cuentas particulares. El esquema investigado estaría relacionado con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos con el organismo encargado del sistema penitenciario federal.
Según la información presentada por Godoy Ramos, una de las líneas de investigación se centra en el posible uso de recursos públicos desviados mediante operaciones financieras, mientras que otra corresponde a presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales de la exconductora.
FGR investiga una presunta evasión fiscal de 13 millones
La titular de la FGR señaló que Inés “N” habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. Esta conducta habría ocasionado la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, motivo por el que se solicitaron dos de las órdenes de aprehensión vigentes.
Las investigaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las relacionadas con defraudación fiscal equiparada, forman parte de los procedimientos judiciales que la Fiscalía busca llevar ante los tribunales federales.
Godoy Ramos indicó que la dependencia ha mantenido acciones para conseguir que Inés “N” comparezca ante la justicia mexicana desde que salió del país. Como parte de ese proceso, en septiembre de 2025 solicitó al Gobierno de Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición.
Detención en Florida corresponde a autoridades estadounidenses
La fiscal explicó que la FGR integró la petición formal de extradición en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, señaló que durante las últimas semanas ambas autoridades intercambiaron información y que México entregó los mandamientos judiciales vigentes para avanzar en el procedimiento.
Sin embargo, aclaró que la detención de Inés “N”, realizada el 30 de octubre en Florida, responde actualmente a su situación migratoria y no constituye, por sí misma, la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas. La resolución sobre su permanencia o salida de territorio estadounidense corresponde a las autoridades de ese país.
En caso de que Estados Unidos determine su deportación, la FGR ejecutará las tres órdenes de aprehensión cuando llegue a México. Por tanto, su eventual traslado al país dependerá de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses en materia migratoria.
La fiscal general también puntualizó que Inés “N” conserva la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso. La Fiscalía, dijo, tiene la obligación de presentarla ante los órganos jurisdiccionales para que se resuelvan las acusaciones en su contra.
