Policía refuerza seguridad en Tribunal Constitucional de Polonia tras destitución de sus titulares
Agencias
Varsovia, 30 de octubre de 2026. La Policía polaca desplegó un operativo de seguridad en los alrededores del Tribunal Constitucional, en Varsovia, luego de que una jueza ordenara suspender durante un mes al presidente de la institución, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Tusk y la oposición nacionalista, que acusa al Ejecutivo de intentar tomar el control del Poder Judicial.
La disputa escaló hasta involucrar al presidente Karol Nawrocki, quien interrumpió su viaje oficial a Senegal y ordenó el regreso a Polonia. El mandatario justificó su decisión al señalar que debía permanecer en el país ante la gravedad de la situación política.
Una jueza asume la dirección del Tribunal Constitucional
El conflicto comenzó el 30 de octubre, cuando la magistrada Anna Korwin-Piotrowska, elegida por el Parlamento en marzo de 2026, emitió una resolución para apartar temporalmente de sus cargos a Święczkowski y Sochański. Tras esa determinación, asumió la dirección del tribunal.
La medida también tuvo repercusiones en la estructura digital de la institución, pues los perfiles de ambos funcionarios dejaron de aparecer en su página oficial.
Sin embargo, el entorno de Święczkowski rechazó la resolución y aseguró que continúa al frente del organismo. Sus colaboradores denunciaron una intervención ilegal en el sitio web del tribunal y advirtieron que cualquier actuación contra la institución podría constituir un intento de golpe de Estado.
La Policía informó que su presencia respondió a solicitudes del fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, así como de Korwin-Piotrowska, quienes alertaron sobre posibles riesgos para la seguridad de jueces y empleados ante las protestas.
Las autoridades precisaron que los agentes permanecieron en el exterior del inmueble, sin ingresar a las instalaciones. Durante el operativo, tres personas fueron detenidas por brincar la valla perimetral y se reportaron lanzamientos de objetos contra los policías.
Nawrocki regresa a Polonia y el PiS acusa un golpe institucional
El regreso anticipado de Karol Nawrocki añadió tensión política al enfrentamiento. El presidente, cercano al partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), mantiene una relación confrontada con el primer ministro Donald Tusk.
Por su parte, Jarosław Kaczyński, dirigente del PiS, acudió a las inmediaciones del tribunal y calificó la decisión contra sus titulares como un ataque a la institución. También acusó a los organismos de seguridad subordinados al Gobierno de intervenir por la fuerza y pidió al presidente actuar frente a lo que describió como una transformación de Polonia en un Estado policial.
Tusk defendió las acciones de su administración mediante un mensaje en la red social X. Sostuvo que recuperar el Estado de derecho después de los años de gobierno del PiS requiere decisiones firmes, aunque el proceso resulte complicado y doloroso.
Una disputa judicial que comenzó hace una década
El enfrentamiento tiene sus antecedentes en 2015, cuando el partido Ley y Justicia llegó al poder y realizó nombramientos de magistrados en el Tribunal Constitucional que posteriormente fueron cuestionados por su legalidad.
En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que uno de esos nombramientos vulneró las garantías de un tribunal establecido por la ley. La crisis judicial también llevó a las instituciones europeas a condicionar recursos financieros destinados a Polonia.
Desde su regreso al Gobierno en diciembre de 2023, Tusk ha cuestionado la composición del Constitucional y la legitimidad de varios de sus integrantes. Su administración también ha mantenido una disputa sobre la publicación de determinadas resoluciones judiciales.
El conflicto se intensificó durante 2026, cuando el Parlamento eligió a ocho nuevos magistrados, pero Nawrocki únicamente recibió el juramento de tres, de acuerdo con los reportes sobre el proceso. En uno de los casos, Maciej Berek asumió el cargo en el propio Parlamento después de que el presidente se negara a recibirlo en el palacio presidencial.
A su vez, Święczkowski ha impedido que algunos de los magistrados designados por la actual mayoría parlamentaria comiencen a ejercer sus funciones. El resultado ha sido una institución prácticamente paralizada.
Las acusaciones de la oposición y la postura del Gobierno
La confrontación entre ambos bloques no es nueva. En enero de 2025, Święczkowski presentó ante la Fiscalía una denuncia de aproximadamente 60 páginas contra Tusk y otros altos funcionarios, a quienes acusó de impulsar un golpe de Estado mediante el debilitamiento de instituciones judiciales como el Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura.
El PiS considera que la suspensión de los dos responsables del Constitucional representa un nuevo episodio de esa estrategia.
En contraste, el Gobierno sostiene que el tribunal quedó condicionado por los nombramientos realizados durante las administraciones nacionalistas y que su funcionamiento debe ajustarse a la legalidad. Korwin-Piotrowska también ha acusado públicamente a Święczkowski de incumplir sus obligaciones al impedir que los nuevos magistrados desempeñen sus funciones.
Hasta ahora, el enfrentamiento se desarrolla en el terreno institucional y judicial. No existe una intervención militar ni un cambio de Gobierno, pero sí una disputa sobre quién tiene autoridad legítima para dirigir el Tribunal Constitucional y reconocer sus resoluciones.
Tusk enfrenta un escenario político complicado
La crisis ocurre mientras el primer ministro enfrenta dificultades para mantener cohesionada su coalición parlamentaria. Su Gobierno cuenta con una mayoría ajustada en el Sejm y ha tenido diferencias internas, además de los constantes bloqueos presidenciales a distintas iniciativas legislativas.
La salida de Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz del Gobierno y de la dirección de Polonia 2050, el 22 de octubre, representa otro elemento de presión para la coalición.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, analistas políticos consideran que Tusk ha decidido endurecer su estrategia frente a Kaczyński y Nawrocki para resolver el conflicto por el control del Constitucional.
El PiS también atraviesa una etapa de divisiones internas. El partido enfrenta una de sus mayores fracturas en dos décadas y Kaczyński ha generado controversia tras plantear la posibilidad de negociar la salida de Polonia de la Unión Europea si el bloque comunitario no modifica su funcionamiento.
Qué puede ocurrir después de la crisis
La falta de reconocimiento mutuo entre Święczkowski y Korwin-Piotrowska abre la posibilidad de que el tribunal tenga dos figuras que reclamen su dirección. Esta situación podría provocar nuevas impugnaciones y cuestionamientos sobre la validez de sus futuras resoluciones.
Nawrocki también dispone de recursos políticos e institucionales para responder, entre ellos convocar al Consejo de Seguridad Nacional, dirigirse a la ciudadanía o mantener su estrategia de bloqueo a las iniciativas del Ejecutivo.
Mientras tanto, las movilizaciones frente a la sede judicial podrían aumentar durante el fin de semana.
La reacción de la Unión Europea será otro factor relevante. Bruselas ha cuestionado anteriormente las reformas judiciales impulsadas por el PiS y ha respaldado los esfuerzos de Tusk para restablecer el Estado de derecho. Sin embargo, la oposición nacionalista acusa a las instituciones comunitarias de aplicar criterios distintos según el Gobierno involucrado.
El desenlace dependerá, en buena medida, de si las partes logran establecer un mecanismo jurídicamente aceptado para resolver quién tiene autoridad sobre el Tribunal Constitucional.
