Washington, 30 de octubre de 2026.- La presunta participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la operación que permitió la salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro hacia territorio estadounidense ha provocado cuestionamientos en el Congreso de ese país, donde 25 legisladores demócratas exigen esclarecer si el gobierno de Donald Trump utilizó recursos diplomáticos para facilitar la huida de un político investigado por la justicia de Brasil.
El caso adquirió relevancia después de que Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonara Brasil tras perder las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva, pese a una resolución del Supremo Tribunal Federal que le ordenaba entregar sus pasaportes y restringía sus viajes internacionales.
De acuerdo con una investigación publicada por el periódico brasileño Folha de S.Paulo, un estadounidense vinculado a la administración Trump y una persona cercana al senador aseguraron que Marco Rubio participó activamente en la operación. Sin embargo, hasta ahora no se han hecho públicos documentos que permitan establecer el alcance preciso de su intervención.
La salida ocurrió mientras Bolsonaro enfrentaba investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y otros movimientos financieros irregulares. El político brasileño ha rechazado las acusaciones y sostiene que es víctima de persecución política.
Según información de las autoridades migratorias argentinas, Bolsonaro cruzó por tierra la frontera entre Brasil y Argentina la noche del martes 27 de octubre, acompañado de su esposa y sus dos hijas. Posteriormente abordó un avión privado desde Puerto Iguazú, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y finalmente aterrizó en Miami durante la mañana del miércoles 28.
La operación habría contado también con la colaboración de Jason Miller, asesor vinculado a la Casa Blanca y cercano a la familia Bolsonaro, quien, según información publicada por The New York Times, habría participado en la organización del vuelo privado.
El gobierno estadounidense confirmó que facilitaría el ingreso de Bolsonaro y su familia. Reuters informó este viernes que las autoridades migratorias les concedieron una autorización humanitaria de entrada, después de que Marco Rubio recomendara admitirlos en territorio estadounidense.
Ante estos acontecimientos, los congresistas demócratas Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus encabezaron una solicitud de información dirigida al Departamento de Estado, respaldada por otros 23 legisladores.
Entre las preguntas planteadas se encuentra quién autorizó el ingreso de Bolsonaro, si Washington conocía las restricciones judiciales impuestas por Brasil y si funcionarios estadounidenses participaron en la organización del traslado desde Argentina y Ecuador.
También solicitaron conocer si existió comunicación con las autoridades brasileñas y si el gobierno de Trump evaluó las consecuencias diplomáticas de brindar protección a un dirigente político que había desobedecido una resolución judicial.
La controversia ocurre en medio de una relación complicada entre Washington y Brasilia. Durante 2025, la administración Trump impuso sanciones y restricciones migratorias contra funcionarios judiciales brasileños, incluido el magistrado Alexandre de Moraes, relacionado con investigaciones contra el entorno político de Jair Bolsonaro.
Pese al respaldo otorgado para su ingreso, Reuters informó este viernes que la Casa Blanca no tiene previsto, por ahora, reconocer la pretensión de Flávio Bolsonaro de presentarse como legítimo dirigente de Brasil, después de desconocer su derrota electoral.
La posible intervención de Rubio abre además un cuestionamiento sobre los límites de la política exterior estadounidense, particularmente si se confirma que funcionarios de Washington colaboraron deliberadamente para evitar que un político extranjero cumpliera restricciones impuestas por los tribunales de su país.
Los legisladores estadounidenses solicitaron respuestas por escrito y una reunión con representantes del Departamento de Estado a más tardar el próximo 13 de noviembre, con el propósito de determinar qué funcionarios participaron en el traslado, qué recursos fueron utilizados y bajo qué fundamentos legales se autorizó la entrada de Bolsonaro y su familia.
