SRE reserva por cinco años información sobre investigaciones que involucran a Rubén Rocha y Enrique Inzunza
SRE reserva por cinco años documentos sobre investigaciones de Rubén Rocha y Enrique Inzunza por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó por cinco años la información relacionada con comunicaciones diplomáticas, notas verbales, minutas y fichas informativas sobre las investigaciones que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La resolución fue aprobada el 23 de junio de 2026 y se emitió en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada el 27 de mayo.
De acuerdo con la resolución CTA-208/2026, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, la dependencia argumentó que revelar esos documentos podría afectar la conducción de las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, además de vulnerar la confidencialidad de las comunicaciones diplomáticas protegidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La justificación de la reserva
La solicitud requería oficios, acuerdos de cooperación bilateral, solicitudes de extradición y registros de reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses, incluida una celebrada en mayo entre integrantes del gabinete de seguridad de México y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos.
La Subsecretaría para América del Norte señaló que hacer públicos esos documentos expondría mecanismos de cooperación bilateral considerados sensibles y podría afectar la confianza necesaria para el intercambio de información entre ambos gobiernos. También sostuvo que la difusión de las comunicaciones diplomáticas contravendría las obligaciones internacionales asumidas por México en la Convención de Viena.
Expedientes de extradición permanecen confidenciales
Por separado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que los expedientes relacionados con solicitudes de extradición permanecen clasificados como información confidencial con base en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y en la resolución CTA-190/2026, emitida el 12 de junio.
La SRE reiteró que el Gobierno de México ha sostenido que cualquier señalamiento contra servidores públicos debe sustentarse con pruebas y recordó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la existencia de responsabilidades o iniciar las investigaciones que procedan conforme a la legislación vigente.
Fuente: La Jornada
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