Citan a Lili Campos y Pedro Escobedo por presunto desvío de recursos públicos en Playa del Carmen
El Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Playa del Carmen notificó mediante edictos a los ciudadanos Roxana Lili Campos Miranda, Pedro Escobedo Vázquez y José Luis Arguelles González para que comparezcan dentro de dos procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con presuntos actos de desvío de recursos públicos.
Las notificaciones fueron emitidas por la Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico del OIC, encabezada por María Selene Neri Moreno, y corresponden a los expedientes OIC/DSCAJ/PRA-040/2025 y OIC/DSCAJ/PRA-041/2025.
De acuerdo con los documentos oficiales, ambos procedimientos derivan de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos en diciembre de 2025, tras investigaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora municipal.
En el expediente OIC/DSCAJ/PRA-040/2025, el Órgano Interno de Control señala que Roxana Lili Campos Miranda, Pedro Escobedo Vázquez y José Luis Arguelles González enfrentan una presunta responsabilidad por la comisión de una falta grave consistente en desvío de recursos públicos. El informe de presunta responsabilidad administrativa fue identificado con la clave OIC/DIAR/INV-204/2025.
Por separado, en el expediente OIC/DSCAJ/PRA-041/2025, las mismas personas fueron emplazadas por una segunda investigación relacionada también con una presunta falta grave por desvío de recursos públicos, derivada del informe OIC/DIAR/INV-205/2025.
Los edictos precisan que las notificaciones se realizaron por esta vía luego de que la autoridad acordó el emplazamiento mediante publicación oficial, conforme a las facultades establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, así como diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias.
Como parte del procedimiento, los tres señalados fueron citados para comparecer personalmente a las audiencias iniciales de rendición de declaración y ofrecimiento de pruebas.
En el caso del expediente PRA-040/2025, la audiencia quedó programada para las 10:00 horas del lunes 29 de junio de 2026. Para el expediente PRA-041/2025, la comparecencia fue fijada para las 13:30 horas del mismo día.
Ambas diligencias se desarrollarán en la sala de audiencias de la Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico del Órgano Interno de Control, ubicada en la avenida CTM entre avenidas 115 y 125 Norte, Supermanzana 053, lote 022, fraccionamiento La Gran Plaza de la Riviera, en Playa del Carmen.
Los documentos oficiales establecen que las personas notificadas tienen derecho a no declarar en su contra ni declararse culpables, además de contar con defensa particular o asistencia de un defensor especializado en la materia. En caso de no disponer de representación legal, podrán solicitar por escrito la designación de un defensor de oficio antes de la celebración de las audiencias.
Asimismo, el OIC informó que las copias certificadas de los expedientes, junto con los informes de presunta responsabilidad administrativa y demás anexos, permanecen a disposición de los involucrados en las oficinas de la dependencia para su consulta.
En el expediente PRA-040/2025, el traslado documental consta de más de 670 fojas útiles, mientras que en el PRA-041/2025 supera las mil 240 fojas, además de los acuerdos de admisión y citación correspondientes.
La autoridad municipal ordenó que los edictos fueran publicados en periódicos de amplia circulación en Quintana Roo durante tres ocasiones dentro de un plazo de nueve días hábiles. También advirtió que, en caso de que los presuntos responsables no comparezcan ante la autoridad, las notificaciones subsecuentes, incluso aquellas de carácter personal, podrán realizarse mediante publicación por estrados.
Los procedimientos forman parte de las facultades de investigación, substanciación y sanción previstas en el sistema de responsabilidades administrativas, mediante el cual las autoridades buscan determinar la existencia o no de faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.