Despiden a director de Camino Rojo por presunto uso de grupos criminales contra mineros tras resolución del T-MEC por violaciones laborales.
La empresa canadiense Orla Mining removió a Rafael Sánchez como director general de la mina Camino Rojo, en Zacatecas, luego de que un panel laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) determinó que en esa operación se violaron derechos de los trabajadores.
El panel fue activado a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, una herramienta que permite investigar denuncias específicas sobre violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva en centros de trabajo. En marzo pasado, la instancia concluyó que en Camino Rojo se negaron estos derechos a los empleados.
La resolución se originó tras denuncias que señalaban que, en 2024, la empresa habría permitido la intervención de presuntos integrantes del crimen organizado para intimidar a trabajadores y obstaculizar su organización sindical, lo que derivó en la revisión internacional.
En un comunicado fechado el 4 de mayo en Vancouver, Orla Mining informó que el relevo en la dirección forma parte de las medidas adoptadas para atender las conclusiones del panel. La compañía aseguró que busca “salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones” dentro de su operación en México.
Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de la firma, afirmó que la empresa reconoce la gravedad de los hallazgos y que trabaja en fortalecer las condiciones laborales en la mina ubicada en Mazapil, la cual abarca más de 138 mil hectáreas.
La empresa también indicó que ha colaborado con el gobierno mexicano en la implementación de acciones correctivas derivadas del fallo y que continuará atendiendo las recomendaciones para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.
Como parte de los ajustes, Orla Mining anunció que impulsará una política de “neutralidad sindical”, con el objetivo de evitar interferencias en los procesos de representación laboral.
Asimismo, la compañía reconoció que durante 2025 detectó indicios de posible actividad criminal en la mina, por lo que contrató a un abogado externo para realizar una investigación interna.
Orla Mining agregó que notificó de manera voluntaria sus hallazgos a autoridades de México, Canadá y Estados Unidos, y reiteró que mantiene cooperación con las instancias correspondientes.
Fuente: La Jornada
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