La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se estableció un nuevo entendimiento bilateral para que cualquier acción de EE.UU. contra embarcaciones con drogas cerca de aguas mexicanas se realice en estrecha colaboración con la Secretaría de Marina.
En un firme posicionamiento para salvaguardar la soberanía nacional, el gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos que todas las operaciones dirigidas a combatir embarcaciones del crimen organizado en aguas internacionales aledañas al territorio mexicano se ejecuten bajo los protocolos de coordinación establecidos con la Secretaría de Marina.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que este planteamiento fue central en la reunión sostenida entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.
Un protocolo de notificación bilateral
Durante su informe, la mandataria explicó que los acuerdos de colaboración en seguridad entre ambas naciones ya contemplan un procedimiento específico. Este establece que, cuando las autoridades de Estados Unidos identifiquen el tráfico de una embarcación con cargamento ilegal, deben notificar de inmediato a sus contrapartes mexicanas.
“A partir de esta notificación, la Secretaría de Marina es la encargada de realizar las acciones correspondientes para detener este tráfico ilegal”, afirmó Sheinbaum, subrayando el papel central de la institución naval mexicana en la seguridad de su espacio marítimo.
Acuerdo diplomático y defensa de la soberanía
La jefa del Ejecutivo reportó un avance significativo en las conversaciones, al indicar que el embajador Ronald Johnson se mostró de acuerdo con el planteamiento mexicano y se comprometió a notificar esta posición a su gobierno.
Sheinbaum fue enfática al recalcar los principios que rigen esta postura: “No queremos que haya violaciones a nuestra soberanía ni violaciones a nuestra zona económica exclusiva”. Este señalamiento, afirmó, se mantiene con independencia de que en las embarcaciones involucradas se encuentre o no un ciudadano mexicano, priorizando la integridad jurisdiccional del país por encima de la nacionalidad de los presuntos delincuentes.
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