Ciudad de México, 28 de agosto de 2025.– Con el objetivo de frenar el creciente cobro de cuotas en playas públicas y áreas naturales protegidas, diputados de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que busca garantizar el libre acceso a estos espacios. La propuesta surge tras las inconformidades sociales registradas en Tulum, donde desde febrero de 2023 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) comenzó a cobrar entrada al Parque Nacional, y en diciembre de 2024 el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió tarifas a playas emblemáticas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Ricardo Monreal y Enrique Vázquez, contempla modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Entre los cambios propuestos, se incluye la obligación de autoridades federales, estatales y municipales de garantizar al menos un acceso público por cada tramo costero y la prohibición expresa de establecer cobros o condiciones restrictivas para el ingreso.
De manera particular, se plantea reformar el artículo 127 de la Ley de Bienes Nacionales para impedir que concesionarios o permisionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre bloqueen el paso a las playas. Estos deberán prever un acceso público libre y de uso común, independientemente de sus operaciones.
Respecto a los parques y áreas naturales protegidas, la propuesta añade la obligación de permitir al menos un día de ingreso gratuito a la semana para la población en general, con el fin de equilibrar la conservación ambiental con el derecho social al disfrute de estos espacios.
Los diputados recordaron que el Programa Nacional de Áreas Protegidas de 2007 había justificado el cobro de cuotas como mecanismo de financiamiento para la restauración ambiental y la reducción del flujo turístico. Sin embargo, esas medidas derivaron en un “disgusto social”, pues limitaban el ingreso a lugares que históricamente habían sido de acceso libre. Según la propuesta, la aplicación de cuotas “provocó efectos no deseados” al restringir derechos fundamentales, generar desigualdad social y afectar el bienestar de comunidades costeras.
El caso de Tulum fue citado como ejemplo reciente de las tensiones generadas por los cobros. Desde febrero de 2023, la CONANP estableció una tarifa de 58 pesos por persona para acceder al Parque Nacional. Pese a las inconformidades, el 17 de diciembre de 2024 el Grupo Aeroportuario impuso nuevas cuotas en playas públicas. Dichas tarifas superan las aprobadas en la Ley Federal de Derechos: mientras el Congreso fijó 120.74 pesos para el público general, el organismo castrense cobra 415.37 pesos a extranjeros, 255 a mexicanos, 105 a residentes de Quintana Roo con comprobante de domicilio y 31 a estudiantes, además de establecer beneficios exclusivos para militares.
“La situación se complica porque no se explica al público el fundamento legal de la medida ni el destino de los recursos que se captan”, señala el documento legislativo. La opacidad, advierten, ha generado mayor descontento entre habitantes y turistas que históricamente han accedido libremente a las playas.
En días recientes, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, sostuvo un encuentro con el diputado Monreal para transmitir las preocupaciones de los habitantes de la región. Tras esa reunión se consolidó la propuesta legislativa, que ahora se discute en comisiones.
La iniciativa subraya que el libre acceso a las playas constituye un derecho de los mexicanos y de visitantes, y que la imposición de cuotas, sobre todo en contextos de desigualdad económica, se traduce en un efecto excluyente. Morena confía en que las reformas avancen en el Congreso para establecer un marco jurídico que garantice el equilibrio entre conservación ambiental y derechos ciudadanos.
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