Politécnica de Quintana Roo podría estar relacionada con “La Estafa Maestra”

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Conforme a un reporte de Transparencia Nacional hecho por dicha ASF que está en poder del diario La Verdad, se confirma que la Universidad Politécnica de Quintana Roo en 2016, durante la administración del ex gobernador Roberto Borge, realizó un convenio con la Secretaria de Desarrollo Urbano (SEDATU), a cargo de Rosario Robles, en donde se malversaron 97 millones, 268 mil, 290 pesos con 56 centavos.

Ahora la falta de recursos en la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), la mantiene en la agonía financiera, reconoció el nuevo rector Raúl Arístides Pérez Aguilar, quien informó que sólo han recibido un incremento de un millón de pesos, la mitad por parte de la Federación y la otra del estado.

De acuerdo al informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016 de la ASF, reveló que la UPQROO fue utilizada por la SEDATU en el desvío de dichos 97 millones y pico de pesos, mediante la utilización 8 empresas “fantasma”: Sistemas Informáticos, SA de CV; Comercializadora DW Prisma, SA de CV; Competencia y Habilidades para el Trabajo AC; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular SA de CV; Infotecnick SA de CV; Custom Performance SA de CV; Integración Documental SA de CV; y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, SA de CV.

En suma, la dependencia dijo que son más de 14 mil 600 millones de pesos, sin embargo, a finales de diciembre pasado, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación se les redujo su presupuesto en cinco mil millones de pesos; es decir la tercera parte de esas anomalías, pusieron el grito en el cielo.

Lo anterior motivó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, diera la orden de otorgarles ese dinero, sin embargo, no lo condicionó a que lo manejaran con pulcritud.

Conforme a la ASF, los recursos públicos que recibieron las universidades tienen anomalías en el manejo inadecuado de fondos de jubilación, compra irregular de materiales, fallas en comprobación de gastos o falta de entrega de los trabajos por los cuales firmaron contratos con entidades de gobierno.

En cada una de las 55 casas de estudio auditadas se verificó que el total de recursos por recuperar o aclarar por todas ellas –en las cuentas públicas de diversos años– es de 14 mil 624.3 millones de pesos.

Es decir, lo que ya mencionamos, la tercera parte de lo que se les redujo en un principio.

AMLO en varias ocasiones dijo que está dispuesto a rescatar financieramente a varias universidades públicas estatales, pero todo hace indicar que será más de lo mismo, donde los rectores y directores de finanzas y administrativos seguirán enriqueciéndose a costillas de la educación y en detrimento de miles de estudiantes.

Entre otras universidades que salieron a luz en la llamada “Estafa Maestra”, y que La Verdad desde 2012 adelantó, están además de la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se encontraron irregularidades por mil 632.3 millones de pesos.

Otros casos son las universidades autónomas del Carmen (mil 157.7 millones); del Estado de México (795.1 millones); de Chiapas (359.1 millones) la Autónoma Metropolitana (625.9 millones); además de la Politécnica de Francisco I. Madero (185.8 millones); la Politécnica de Chiapas (249.6 millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (mil 95 millones).

Universidades parte del fraude

El mismo ahora ex Auditor Superior de la Federación en su momento, Juan Manuel Portal reconoció que si existen fraudes en esas universidades lo mismo que en varias dependencias. En total suman más de 8 mil millones de pesos en complicidad con ocho universidades públicas.

Fueron 11 instancias federales las que desde 2013, tal y como lo reveló La Verdad, se violaban la ley, al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.

Hasta la fecha de acuerdo al funcionario la ASF ha presentado 15 denuncias ante la ex Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la Nación (FGN), por el desvío de recursos públicos.

Artículo publicado por La Verdad.