Reforma a la Ley de Amparo: aprueban cambios sobre juicios en curso y deudores fiscales
La Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas de la madrugada, en lo particular, y envió de vuelta al Senado la reforma a la Ley de Amparo. Esta acción incluyó una nueva redacción del artículo 3º transitorio, con el objetivo de establecer distinciones claras sobre las etapas de los juicios en curso que se regirán por la normativa vigente y cuáles por las nuevas reglas.
La discusión del mencionado artículo comenzó poco antes de las dos de la mañana. Dicho artículo había sido modificado previamente por el Senado, generando controversia debido a la posibilidad de una aplicación retroactiva plena de la ley.
Con esta modificación y otras tres aprobadas el día anterior, el dictamen fue avalado con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.
Mientras el presidente de la Comisión de Justicia, Hugo Eric Flores (Morena), explicaba el alcance del nuevo artículo 3º transitorio, los diputados de la oposición lo calificaron como “una ley retroactiva disfrazada”. Flores detalló que las etapas procesales ya concluidas en un juicio se regirán por las disposiciones antiguas, mientras que las actuaciones futuras, posteriores a la entrada en vigor de la reforma, se sujetarán a las nuevas reglas.
“Es derecho procesal puro. Se trata de poner reglas claras ante la pregunta constante: ¿qué sucede con los asuntos en trámite cuando entra en vigor una nueva ley?”, planteó. En resumen, “lo ya realizado se mantiene bajo la ley anterior. Lo que se haga después, se regirá por la nueva norma. Las suspensiones concedidas son derechos adquiridos, pero las actuaciones futuras se sujetarán a la nueva disposición cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación”.
Flores Cervantes manifestó que “el verdadero espíritu de esta iniciativa es, les guste o no reconocerlo, limitar el uso indiscriminado de la figura del juicio de amparo en contra del interés general… y no permitir que lo sigan prostituyendo”.
Reforma dirigida a deudores fiscales y lavado de dinero
En una extensa intervención que cerró el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó la redacción del artículo como “impecable” y afirmó que la reforma tiene objetivos muy claros. Señaló que actualmente existen miles de recursos de impugnación interpuestos por grandes despachos de abogados que defienden a empresarios y personas poderosas.
Mencionó que hay 2.073 créditos fiscales que estos empresarios se resisten a pagar, así como 2.066 juicios de nulidad pendientes, con un monto que supera los 100.000 millones de pesos solo este año.
“El plazo promedio desde la interposición del recurso hasta la sentencia firme es de ocho años, y para el cobro se pueden tardar otros ocho. El promedio para hacer efectivos estos pagos es de entre 16 y 22 años”, abundó.
Destacó que, debido a la existencia de “amparos mañosamente alargados”, solo se logra cobrar el 5% de los adeudos, por lo que el 95% de los deudores no paga. Monreal recalcó que “hacia ellos va orientada la reforma, porque queremos que paguen lo justo al erario. Y también para los lavadores de dinero, los delincuentes de cuello blanco y la delincuencia organizada”.
Con los cambios, dijo, se impedirá que personajes a quienes se les bloquean cuentas logren liberarlas mediante un amparo para sacar el dinero y enviarlo al extranjero. “Ahora tendrán que garantizar esos recursos con fianzas o cartas de crédito para asegurar que no se vayan a esfumar”.
En contraste, la diputada Paulina Rubio (PAN) afirmó que Morena le agregó “la cereza del pastel” a la reforma con un artículo 3º transitorio “que está más manoseado que una moneda de camión”. Acusó que con esta redacción “le abren la puerta a Arturo Zaldívar para que haga negocios con la justicia, para la extorsión. ¡Es la legalización de la extorsión!”.
Por su parte, el priísta Emilio Suárez Licona afirmó que la nueva redacción permite la retroactividad en etapas posteriores de los juicios en curso. “Bajo el argumento de que es de naturaleza procesal, se busca aplicar las nuevas disposiciones a actuaciones futuras dentro de procesos ya iniciados, alegando que no implica retroactividad”, sostuvo. Insistió en que aplicar nuevas reglas a procesos en curso es una “forma encubierta de retroactividad” que debilita la certeza jurídica.
En respuesta, el petista Ricardo Mejía Berdeja defendió la nueva redacción, argumentando que la versión del Senado sí era retroactiva y violatoria de la Constitución, mientras que la actual “es constitucional, necesaria y garantista”.
Improcedencia del amparo por créditos fiscales
Una de las medidas centrales de la reforma establece la improcedencia del amparo en materia de créditos fiscales firmes. Esto significa que la suspensión solo surtirá efectos si el interés fiscal se garantiza mediante un billete de depósito, emitido por una institución autorizada como el Banco del Bienestar, o mediante una carta de crédito de instituciones registradas ante el Servicio de Administración Tributaria.
El Código Fiscal de la Federación prevé que el recurso de revocación será improcedente cuando se trate de créditos fiscales determinados en resoluciones firmes. La reforma también modifica la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para excluir de su competencia las resoluciones fiscales que exijan el pago de créditos ya determinados. El dictamen precisa que estas modificaciones buscan evitar la reapertura indebida de litigios, mejorar la seguridad jurídica y prevenir sobrecargas en el sistema de justicia fiscal.
Interés legítimo de las comunidades
Durante el debate, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) presentó una reserva para que la reforma garantizara el reconocimiento del interés legítimo, incluso de carácter colectivo, a organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y núcleos agrarios en materia de protección ambiental. Esto aplicaría cuando exista una relación razonable de causalidad entre un acto impugnado y una afectación real al medio ambiente, incluyendo áreas naturales protegidas y especies en peligro de extinción.
Sin embargo, la mayoría rechazó su propuesta. El legislador insistió en que se buscaba garantizar este interés legítimo para que las comunidades y organizaciones civiles puedan ampararse en defensa del medio ambiente.
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Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/15/politica/aprobada-en-diputados-ley-de-amparo-con-nueva-redaccion-del-3-transitorio-la-devuelven-al-senado