Playa del Carmen, Quintana Roo, 3 de septiembre de 2025.— La presencia de retenes ilegales que restringen el libre acceso a playas públicas en Tulum quedó al descubierto tras un reportaje publicado por el diario Excélsior. El caso más reciente involucra a Casa Priakos, una villa de lujo de estilo mediterráneo ubicada en Bahía Soliman, propiedad del estadounidense Bill Priakos, donde un camino público fue clausurado y convertido en acceso exclusivo para huéspedes.
De acuerdo con habitantes de la zona, lo que antes era un sendero comunitario que permitía llegar a las playas de Tankah y Bahía Soliman ahora se encuentra bloqueado por un retén custodiado por civiles armados, lo que impide tanto a turistas nacionales como a residentes locales el disfrute de la franja costera. La situación contraviene la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales, que establecen de forma clara que los litorales son bienes de dominio público y de uso común.
El bloqueo no solo se ha materializado con barreras físicas, sino también con un filtro social que genera exclusividad alrededor de la propiedad. El reportaje detalla que este fenómeno es parte de un patrón creciente en Quintana Roo, donde la gentrificación costera ha derivado en la privatización de facto de accesos a la playa, en beneficio de desarrollos inmobiliarios y villas particulares.
Investigaciones periodísticas señalan que la obtención de concesiones y permisos de construcción para este tipo de desarrollos se ha logrado mediante argucias legales y gestiones irregulares que permiten a particulares consolidar proyectos que restringen el acceso público. Estos mecanismos han sido aprovechados por empresas extranjeras que operan en el Caribe mexicano, en ocasiones con apoyo de despachos especializados en sortear inspecciones gubernamentales y negociar derechos de zona federal marítimo terrestre.
El mismo reportaje revela que, lejos de limitarse a la operación normal de una villa de lujo, la estrategia desplegada en Bahía Soliman estaría orientada a consolidar un monopolio de acceso en la zona. Testimonios de empresarios y documentos oficiales indican que, junto con Bill Priakos, se ha impulsado una campaña de desprestigio contra hoteles de capital mexicano ubicados en la misma franja, como Maiim y Adamar. Estos desarrollos, según autoridades de Tulum, cumplen con toda la normatividad y permisos requeridos, lo que refuerza la hipótesis de una ofensiva empresarial para desplazar a competidores y mantener la exclusividad de Casa Priakos.
La denuncia cobra relevancia porque exhibe la contradicción entre el marco legal que garantiza a la población el libre acceso a las playas y las prácticas que, bajo distintos pretextos jurídicos, derivan en la ocupación y restricción de espacios públicos. El caso de Bahía Soliman no es aislado: en otras zonas del Caribe mexicano se han detectado prácticas similares, donde complejos privados instalan retenes, plumas de seguridad o incluso cercas que obstruyen caminos comunales bajo la figura de supuestos permisos.
El conflicto también refleja un choque entre dos modelos de desarrollo turístico: el de grandes villas privadas y residencias de lujo que buscan exclusividad frente al de pequeños hoteles y proyectos nacionales que promueven un acceso más abierto y diversificado. Habitantes de la región señalan que esta dinámica erosiona no solo el derecho colectivo a las playas, sino también la convivencia social y económica de las comunidades costeras.
Con información de Excélsior.
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