Pornografía infantil aumentó 73% en confinamiento por Covid-19

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Aumento de la pornografía infantil, campañas de suplantación de identidad, distribución de programas informáticos maliciosos (ransomware) y “mercados negros cibernéticos” para la compra y venta de productos son las amenazas que han incrementado derivadas del confinamiento por la Covid-19, advirtieron expertos en cibercrimen.

En conferencia virtual, citaron datos de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana que revelan que en México se ha registrado un incremento en la pornografía infantil: de marzo a abril aumentó 73 por ciento, siendo Facebook la red social más utilizada para esos fines –80 por ciento de los reportes– para transmitir actividades relacionadas con la distribución de material de abuso sexual infantil.

De igual modo, aumentó en un 14 por ciento las actividades maliciosas para el periodo de contingencia de marzo al 15 de abril, respecto al anualizado del periodo de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.

Al respecto, Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, declaró que la situación de la pandemia de Covid-19 “ha generado que la ciberdelincuencia dedique más tiempo a la actividad criminal mediante el uso de tecnologías”.

Agregó que las principales amenazas son el phishing, que se presenta como programas sociales y donativos o ayudas y prorrogas financieras; el smishing, como servicios gratuitos: recargas, suscripciones o credenciales de acceso para créditos financieros, fraudes en línea, malware y las noticias falsas o fake news que “aprovechan el tema de la contingencia para atrapar a la víctima”.

Por su parte, Marco Antonio del Toral Morales –abogado analista y punto focal del área de Lavado de Dinero de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito– indicó que “la actual pandemia mundial es la tormenta perfecta que denota el potencial del crimen organizado a través de la ciberdelincuencia ya que este escenario es un desafío mundial sin precedentes para toda la sociedad”.

El abogado analista advirtió que un delito importante a combatir es la explotación en línea, principalmente la que se da contra menores de edad a través de videojuegos y redes sociales, ya que “hoy en día uno puede estar en contacto con personas de diferentes países”.

Por su parte, Luis Fernando García –director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales– afirmó que los delitos informáticos inhiben los derechos digitales y el Estado tiene la responsabilidad de combatir el delito garantizando los derechos de las personas.

En la conferencia virtual, Andrés Velázquez –presidente y fundador de MaTTica– explicó que estas problemáticas ya existían; sin embargo, el confinamiento ha provocado que las personas pasen más tiempo utilizando aparatos tecnológicos “tratando de pasar el tiempo”, por lo que los estafadores y extorsionadoras se están aprovechando del tema de interés que es la pandemia de Covid -19.

“Las personas de una forma natural empiecen a darle clic sin pensar que esto pueda traer una afectación […] porque la gran mayoría somos analfabetas digitales: nadie nos enseñó a utilizar una computadora desde cero y muchas de las veces como usuarios utilizamos los medios de manera indiscriminada”, explicó el fundador de MaTTica.

Agregó que las personas más vulnerables a estos crímenes son los niños y los adultos mayores, no sólo en el contexto actual de la pandemia sino en la contidianidad, donde como “padres exponemos la imagen del menor en redes sociales y compartimos información sobre ellos”.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, explicó que a nivele mundial la Interpol y Europol han señalado que el aumento de este tipo de delitos se debe al aumento del uso de plataformas digitales. “Los criminales están aprovechando la ansiedad provocada por la Covid-19 mediante ataques cibernéticos, para recolección de datos, estafas en línea y la pornografía infantil”.

Entre las medidas recomendadas, Hernández Alemán indicó que para una conectividad remota segura es necesario contar con el sistema operativo y herramientas de protección actualizadas en el equipo de cómputo, cifrar la información sensible como el uso de contraseñas en archivos, verificación de destinatarios y creación de respaldos en medios externos, también se debe actualizar la contraseña del módem y utilizar el VPM para una correcta conexión al internet y finalmente se recomendó crear sesiones para uso exclusivo con contraseñas seguras, habilitando el doble factor de autentificación para sesiones de mensajería, redes sociales y correos electrónicos.

Marco Antonio del Toral Morales recomendó que las empresas de redes sociales deben hacer más para contrarrestar la propagación de los datos vinculados a la Covid-19, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión.

“La ciberdelincuencia es una actividad global por lo que la respuesta contra esta también debe serlo para que la lucha contra la ciberdelincuencia en una jurisdicción reduzca el riesgo en todo el mundo”, indicó del Toral Morales.

A la ciudadanía le indicó que deben informarse sobre estas problemáticas para identificarlas, además explicó que de manera personal hay que evitar compartir el sexting, crear contraseñas más seguras y diferentes para cada cuenta o red social y cuidar a los menores de edad “ahora que se está más tiempo en casa”.

Finalmente, Velázquez agregó que el punto importante para combatir el cibercrimen es saber cómo hacer uso de las tecnologías “aunado al sentido común digital” y buscar la transparencia del delito a través de las denuncias ya que actualmente las empresas privadas no denuncian para evitar daños en su reputación.

“Tenemos que mejorar el marco jurídico y apoyar a las entidades encargadas de hacer investigación tanto preventiva como de parte de fiscalías para poder llegar a entender cómo presentar pruebas alrededor de estas conductas; tenemos que lograr que la gente denuncie más, así como generar cooperación internacional y crear una estrategia nacional de ciberseguridad que una a la academia, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada para enfrentar estos delitos”, recomendó.

Artículo publicado por Contralínea.