Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, obtuvo asilo en Reino Unido, lo que cancela su extradición a México para enfrentar una acusación de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz. La orden de aprehensión en su contra fue emitida en mayo de 2018 por un juez del fuero común, derivada de presuntas irregularidades durante su gestión al frente del organismo asistencial.
De acuerdo con funcionarios del gabinete de seguridad, la justicia británica resolvió concederle protección, pese a que en diciembre de 2022 el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México le negó un amparo y confirmó que la orden de captura seguía vigente.
Resolución en Reino Unido
En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster avaló la entrega de Macías Tubilla a México para enfrentar el proceso penal. Sin embargo, su defensa interpuso diversos recursos legales para frenar el traslado, lo que retrasó la resolución definitiva.
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Según las fuentes consultadas, entre los argumentos presentados ante tribunales británicos se sostuvo que el proceso de extradición estaba viciado, ya que el delito imputado habría prescrito y esa circunstancia no fue comunicada oportunamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores a las autoridades judiciales correspondientes.
Proceso legal y antecedentes
Aunque en una primera instancia perdió el juicio contra su extradición, el procedimiento se detuvo tras la presentación de un recurso adicional ajeno al proceso formal de entrega. El gobierno británico informó de manera detallada a la cancillería mexicana sobre ese recurso hasta agosto del año pasado.
Macías Tubilla fue detenida en octubre de 2019 en Londres. Posteriormente obtuvo libertad condicional tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas, (unos 3 y medio millones de pesos), mientras continuaba el litigio sobre su posible extradición.
La Fiscalía de Veracruz la acusa de haber autorizado la entrega indebida de recursos públicos a empresas inexistentes cuando se desempeñó como presidenta del DIF estatal, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El monto presuntamente desviado asciende a 112 millones de pesos.
Argumentos de la defensa
Autoridades consultadas indicaron que la defensa solicitó asilo al considerar que la acusación se sustentaba únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en el gobierno de Duarte, quien habría declarado bajo tortura.
Con la concesión de asilo, el procedimiento de extradición queda sin efecto y la ex funcionaria no será entregada a las autoridades mexicanas en el marco de la causa penal vigente.
Con información de La Jornada
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