La reforma reconoce derechos de pueblos afromexicanos al elevarlos a sujetos de derecho público desde el 30 de septiembre de 2024, pero la ley reglamentaria aún no se emite y el plazo constitucional de 180 días ya venció.
Reconocimiento constitucional y alcance jurídico
El 30 de septiembre de 2024 se publicó la reforma al artículo 2 de la Constitución que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La modificación, impulsada por el Congreso de la Unión y aplicada por el Ejecutivo federal, establece el reconocimiento explícito de sus derechos colectivos.
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El cambio redefine la relación jurídica entre el Estado y estas comunidades, históricamente excluidas del texto constitucional. Además, obliga a expedir una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas que detalle los alcances de la libre determinación, la autonomía y la consulta previa.
Plazo vencido para la ley reglamentaria
En entrevista con el semanario Contralínea, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, explicó que la reforma sienta bases para desarrollar legislación secundaria.
El Congreso estableció un plazo de 180 días para emitir la ley reglamentaria; sin embargo, este no se ha cumplido. El funcionario informó que el gobierno federal trabaja en una iniciativa con al menos ocho apartados, que incluyen autonomía, derechos de mujeres y jóvenes indígenas y afromexicanos, así como disposiciones para personas migrantes.
Se prevé la realización de alrededor de 70 asambleas regionales para consultar el contenido antes de enviarlo al Poder Legislativo.
Presupuesto y nuevos mecanismos de financiamiento
El INPI publicó el 29 de agosto su Programa Institucional 2025-2030 en el Diario Oficial de la Federación. De forma paralela, el Ejecutivo anunció la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), con un presupuesto de 12 mil 374 millones de pesos para obras comunitarias.
Según Regino, los recursos se entregarán de manera directa a las comunidades, mediante asambleas locales y sin intermediarios.
Demandas históricas y pendientes
Datos oficiales señalan que en estados como Guerrero y Oaxaca las principales demandas de comunidades afromexicanas se concentran en agua potable, caminos, servicios de salud y oportunidades económicas.
El gobierno anunció 18 Planes de Justicia y Desarrollo Regional, incluido uno específico para el pueblo afromexicano en esas entidades. No obstante, organizaciones civiles advierten que persisten brechas en ingreso, escolaridad y acceso a servicios básicos en población afrodescendiente.
La efectividad de la reforma dependerá de la emisión de la ley secundaria, la asignación sostenida de presupuesto y los mecanismos de supervisión en su aplicación. El proceso legislativo permanece pendiente en el Congreso.
Con información de Contralínea
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