Presentan demanda penal contra constructoras y funcionarios por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Nacional
por Redacción
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Familia víctima y su abogado presentan denuncia penal contra constructoras y funcionarios por presuntas irregularidades en la obra.

Una demanda penal fue presentada este lunes en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, en representación de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre. El abogado Adrián Arellano, representante del denunciante Juan Manuel Iglesias, anunció la acción legal que busca responsabilizar a empresas y servidores públicos por los hechos que lesionaron a su cliente y su familia.

Fundamentos en auditorías federales

La denuncia se sustenta en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales, según el letrado, han señalado irregularidades en el proyecto desde 2019 hasta febrero de 2025. Arellano precisó que los documentos advierten sobre una “mala supervisión, una mala construcción y sobre todo una mala rehabilitación”, así como la falta de evidencia fotográfica de los trabajos contratados. Las empresas señaladas inicialmente en la demanda son COMSA Infraestructuras S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V. y Daniferrotools S.A. de C.V.

Búsqueda de justicia y colaboración con la FGR

El abogado explicó que la familia Iglesias, misionera de Ciudad Juárez, Chihuahua, se dirigía a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria cuando ocurrió el accidente. Con la denuncia, se busca investigar delitos como lesiones por omisión y abuso de autoridad. Arellano afirmó desconocer el tiempo que tomarán las investigaciones, pero expresó la voluntad de sus representados de colaborar con la FGR para aportar datos y agilizar el proceso de justicia.

Un caso que judicializa las fallas señaladas en una obra emblemática

Esta acción legal judicializa formalmente las presuntas deficiencias señaladas por los órganos fiscalizadores en el Tren Interoceánico, trasladando el caso del ámbito administrativo al penal. El proceso colocará bajo escrutinio judicial tanto la responsabilidad de las empresas contratistas como la de los funcionarios públicos involucrados en la supervisión de este proyecto de infraestructura.

Fuente: xevt

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